22 de Agosto de 2021 / Diario Concepción / Katia Valenzuela, investigadora de CEDEUS y académica del Departamento de Sociología UdeC, plantea en esta columna la necesidad de repensar los instrumentos de gobernabilidad incorporando la mirada de las comunidades, en específico, al ver aprobadas las nuevas modificaciones al Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción que incorpora menor resguardo por el patrimonio natural y la consolidación del área metropolitana como zona de sacrificio.
El pasado miércoles 18 de agosto fue sometida a votación y aprobada por el Consejo Regional del Biobío la onceava modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC). Esta determinación fue tomada en medio del enérgico rechazo de organizaciones territoriales y socioambientales, quienes denuncian la falta de participación vinculante en el proceso, y la imposición de un ordenamiento territorial que consolida el área metropolitana de Concepción como zona de sacrificio socioambiental.
Paradójicamente, esta votación ocurre a días de que se conociera el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, documento que evidencia los irreversibles efectos del calentamiento global y la inequívoca influencia humana en los cambios ambientales que están propiciando fenómenos climáticos extremos.
Frente a la alarmante información proporcionada por este Panel, llama la atención la aprobación de un instrumento de planificación territorial que promueve la expansión inmobiliaria e industrial y consolida un modelo de desarrollo extractivista que profundiza la crisis socio-ambiental a nivel local y planetario.
Con sus características actuales, el PRMC permitirá la intervención de áreas de alto valor natural, como el Santuario de la Naturaleza en Hualpén y los múltiples humedales urbanos que hoy son reservorios de biodiversidad para el Gran Concepción. ¿Cómo comprender que los mismos actores políticos y gubernamentales que hoy adhieren a la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promuevan un ordenamiento territorial que desprotege a los bienes comunes naturales y sacrifica a las comunidades en nombre de eso que llaman “progreso”? Son estas incongruencias las que acentúan el malestar de las comunidades del Gran Concepción.
Si algo nos enseñó la revuelta social de 2019, es que crecientes sectores de la sociedad chilena ya no aceptan que las instituciones tomen decisiones a puertas cerradas, sin contemplar las propuestas de las comunidades. Las exigencias ciudadanas son claras: planificación territorial con participación vinculante y foco en la calidad de vida de la población y en el resguardo de los ecosistemas. Es lamentable que la votación del PRMC haya hecho oídos sordos al noble llamado de las comunidades a defender la vida en sus territorios.
Paulina Véjar
