En territorios frágiles, la pandemia de COVID-19 a menudo ha empeorado formas preexistentes de vulnerabilidad, especialmente socioeconómica e institucional. Chile, un país estructuralmente vulnerable en muchos aspectos, es desafortunadamente un buen ejemplo: sus comunidades están expuestas a desastres naturales y los efectos del cambio climático, así como a los desequilibrios sociales. Este último es el resultado de una alta desigualdad económica emergente de las políticas de mercado implementadas en el país bajo la dictadura de Pinochet, que permanecen prácticamente inalteradas desde el regreso de la democracia en 1990. En un contexto ambiental y socialmente frágil que ha dado paso a fuertes protestas que han paralizado la vida pública de Chile desde octubre de 2019, las instituciones chilenas muestran elementos adicionales de vulnerabilidad. La tradición centralista del estado chileno otorga un papel clave a las instituciones nacionales, en las que, sin embargo, los ciudadanos no confían, mientras que los municipios están más cerca de las comunidades locales. Sin embargo, los municipios deben manejar una situación contradictoria: las reformas administrativas pasadas hicieron a los municipios los encargados de proporcionar servicios públicos básicos, como escuelas y atención médica, necesarios para ciudadanos que no pueden acceder a servicios privados, pero los organismos locales son fiscalmente autónomos y reciben una contribución menor de un Fondo Común Municipal nacional (Navarrete-Hernandez y Toro, 2019).In fragile territories, the COVID-19 pandemic has often worsened pre-existing forms
of vulnerability, especially socio-economic and institutional ones. Chile, a structurally
vulnerable country in many respects, is unfortunately a good example: its communities are exposed to natural disasters and the effects of climate change, as well as
to social imbalances. The latter is a result of high economic inequality emerging
from the country’s market-driven policies implemented under Pinochet’s dictatorship,
which remains mostly unaltered since the return of democracy in 1990.
In an environmentally and socially fragile context that has given way to the strong
protests that have paralysed Chile’s public life since October 2019, Chilean institutions
show additional elements of vulnerability. The centralist tradition of the Chilean state
gives a central role to national institutions, which nonetheless citizens do not trust,
while municipalities are closer to local communities. However, municipalities have to
manage a contradictory situation: past administrative reforms put municipalities in
charge of providing basic public services such as schools and healthcare, necessary
for citizens who cannot access private services, but local bodies are fiscally autonomous and receive a minor contribution from a national Municipal Common Fund
(Navarrete-Hernandez and Toro, 2019).
