19 Ene Vivienda Digna y ciudad justa: Pobladoras/es y organizaciones sociales presentan iniciativa para la nueva Constitución

Enero 2021/ Esta propuesta, emanada desde las organizaciones sociales y de pobladores/as, apunta a mejorar el acceso a viviendas que contribuyan a un vivir más justo y equitativo de sus habitantes. El investigador CEDEUS Javier Ruiz-Tagle, con amplia experiencia con estas mismas organizaciones, nos comenta al respecto.

Actualmente en Chile, existe una crisis habitacional que afecta al 33,5% de la población del país: 20.000 personas viven en carpas en la calle, más de  81.000 familias viven en campamentos, y existe un déficit cuantitativo de más de 500.000 viviendas. Lo anterior se suma al alza de los precios de las viviendas, la deficiencia en la calidad de construcción y la falta de regulación y planificación para la vida en los diversos barrios.

Ante esta situación, más de 20 organizaciones sociales con apoyo de diversos profesionales presentaron la iniciativa popular de norma “Pobladores y pobladoras por la Vivienda Digna”, la que propone que la nueva Constitución incorpore un cambio en el modelo de construcción de vivienda y de acceso a la ciudad que se ha instaurado en el país. 

Hacia una vivienda digna

Tal como señala Natalie Arriagada, vocera del Movimiento Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna: “Esta Iniciativa Popular de norma propone que el Estado pueda involucrarse directamente en todo el proceso de construcción de vivienda, barrio y ciudad a través de sus distintos organismos públicos. Esto, con la finalidad de poder retomar su rol constructor y no solo subsidario, que es el que ha tenido en los últimos años producto del cambio que se introdujo en la Constitución de 1980. En este nuevo Chile que se está construyendo es necesario fortalecer el Estado, para que la vivienda digna sea una realidad completa”.

Esta iniciativa popular de norma no solo aborda el déficit de la vivienda, sino que también propone cambios sobre: 

• El derecho a una vivienda digna y adecuada, garantizando: espacio suficiente, estabilidad y sostenibilidad en sus materiales, seguridad de la tenencia, habitabilidad e higiene, accesibilidad para personas con movilidad reducida, localización en zonas de servicios urbanos adecuados, eficiente en términos energéticos, asequible para la población más vulnerable, culturalmente pertinente, etc.
• La participación directa del Estado en los diferentes procesos de la producción habitacional.
• La función social y ecológica del suelo, para la provisión de vivienda digna y el cuidado del medioambiente, considerando instrumentos para que el Estado pueda asegurar estas funciones.
• Reconoce la producción social del hábitat, garantizando la participación de las comunidades en la producción habitacional, y fomentando formas asociativas y cooperativas de autogestión.

Los cambios de modelo

Respecto a las y los actores necesarios para los cambios, desde los movimientos señalan que “las comunidades son fundamentales para la planificación de sus viviendas, barrios y ciudad, y construir una ciudad justa, donde las y los habitantes tengan prioridad de participación”. 

«También potenciar una alianza público-privada donde el Estado aporte financiamiento y suelo necesario, donde la construcción pueda ser ejecutada por empresas, con lineamientos y principios territoriales armónicos y moderados, respetuoso con la naturaleza y la diversidad cultural de los pueblos que habitan el país”, agrega Arriagada. 

La presentación de esta propuesta emanó de la colaboración y el trabajo articulado entre organizaciones sociales, de pobladores/as, profesionales y equipos de constituyentes. En el proceso se hicieron amplios cabildos con más de 700 participantes, incluyendo pobladores y pobladoras a lo largo y ancho del país. Respecto de esta iniciativa, el investigador CEDEUS y académico del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, Javier Ruiz Tagle, explica:

“La emergencia de esta iniciativa es el más fiel reflejo del espíritu del proceso popular constituyente que se viene levantando desde el estallido social. Las organizaciones de base no esperaron a que el Estado, los empresarios y los expertos se pronunciasen sobre el modo de vida al cual ellos y ellas sienten que tienen pleno derecho a definir. Y además, las definiciones aquí planteadas tienen muy buena consonancia con las directrices del derecho a la vivienda que proponen instituciones internacionales como ONU-Hábitat, por lo que, de aprobarse, nos estaríamos acercando a los estándares más dignos en cuanto a derechos fundamentales. En este sentido, invito a todas y todos los académicos, profesionales, y activistas ligados a los problemas habitacionales a respaldar esta iniciativa”.

A la fecha, esta Iniciativa popular de norma cuenta con más de 10.000 firmas, necesitando 15.000 para poder ser incorporada directamente en la discusión de la Convención Constituyente.