14 Dic Violencia estructural, desigualdad socioespacial y crimen en los territorios: claves para abordar el caso chileno y latinoamericano
14 de diciembre/ En la segunda jornada del seminario, investigadores/as nacionales e internacionales expusieron sobre desigualdad territorial, estructural y simbólica en ciudades latinoamericanas, incluyendo el fenómeno del crimen organizado que afecta a sus comunidades.
En su segundo día, el Seminario “Violencias en el Chile Actual” puso énfasis en la relación entre la violencia estructural que está a la base de las desigualdades territoriales, dando cuenta de las múltiples violencia que nos habitan y afectan.
“Para pensar la dimensión espacial de la violencia, debemos atender a sus aspectos más cotidianos, que no necesariamente son medibles. Si no prestamos atención a las distintas formas de violencia, ya sea estatal, criminal, estructural, no vamos a entender nunca cómo abordarla de manera más profunda”, señaló Alejandra Luneke, investigadora CEDEUS, VioDemos, COES y académica de Sociología UAH, quien abrió la jornada.
Lo colectivo a la base de la planificación espacial
En la Charla Magistral “Desigualdad territorial en las ciudades latinoamericanas”, Nasser Rebai, investigador de Laboratorios Urbanos en la Universidad de París, junto a Jean-Francoise Valette del Centro Francés de Estudios Mexicanos, abordaron el espacio periurbano rural como una palanca de producción espacial de transformación.
En el marco del crecimiento urbano, que genera nuevas violencias y desigualdades, el reto político-académico es anticiparse. En este sentido, los investigadores ponen en el centro a la organización local, los “colectivos”, como pilares de la lucha por la territorialidad y como ejes para responder a desafíos como la producción alimentaria, gestión sostenible de recursos y la justicia social, entre otros.
Rebaio planteó que los colectivos, grupos de personas organizadas con un objetivo común, son actores que pueden ir en contra de la norma neoliberal. Los casos de Ecuador, México, África del norte y Chile son reflejo de esto, siendo su articulación en el sector periurbano una puerta para repensar modelos de producción espacial y política en América Latina.
Violencia estructural en el marco de análisis de desigualdades territoriales
El panel “Violencia Estructural, Violencia Simbólica y Desigualdad Territorial”, partió con la investigación sobre “Violencias en asentamientos Informales” realizado en tres campamentos de la comuna de Lampa: Jerusalén, Dignidad y Marichiweu. Dicha investigación busca comprender cómo las distintas violencias configuran el espacio urbano y el orden social en los campamentos del Chile neoliberal.
María Paz Trebilcock, investigadora VioDemos y Directora del Departamento de Sociología UAH, explicó que los últimos años en Chile ha aumentado la población viviendo en campamentos, fenómeno que se acentuó durante el estallido social y la pandemia. Ello en un marco de crecimiento demográfico, mayores tasas de hacinamiento, allegamiento y de demandas por mejor localización en respuesta a políticas segregadoras de vivienda.
La investigación en los campamentos Jerusalén, Dignidad y Marichiweu muestra que a nivel macroestructural la ausencia institucional y la autogestión respecto a servicios básicos; en el plano mesoestructural sale a la luz cómo se conforman de manera distinta el hábitat espacial entre los tres campamentos; y en la dimensión microsocial se hacen visibles los estigmas barriales-microxenofobias que surgen entre campamentos, junto con actos de violencia cotidiana como discriminación y hechos machistas, peleas callejeras, violencia intrafamiliar, entre otras.
Por su parte, Marjorie Murray y Renata Boado, investigadoras VioDemos, expusieron sobre “¿Son 30 años? Reflexiones ciudadanas sobre derechos sociales y violencias en el marco del estallido social”, un trabajo realizado desde las perspectivas de cinco territorios de Chile que buscaba presentar cómo las nociones de violencia y agenciamiento de las personas dialogan con la decisión a voto sobre la propuesta de nueva Constitución.
El trabajo realizado en Pichasca, Petorca, La Legua, Talca y Ancud evidenció temáticas transversales, como una fuerte crítica a la clase política, a la elite económica y a los convencionales, quienes no habrían recogido las problemáticas locales, pasando de la calle a la institucionalidad. También se confirma un miedo a la estatización, una crítica a la plurinacionalidad, se reafirma la escasa noción de derechos sociales y la reivindicación de derechos de propiedad y seguridad.
Y por último, el estudio arroja que la percepción de habitantes de estos territorios al trabajo de la Convención es que ninguna promesa de participación y “de pueblo” se cumplió. Por lo tanto, señala Murray, cabe preguntarnos qué significa para nuestras ciudadanas y ciudadanos el ser escuchados, qué es lo que quieren respecto de sus territorios y cómo es realmente “ser sujeto” en el Chile neoliberal.
Javier Ruiz Tagle, investigador CEDEUS y UC, presentó “Estigmatización territorial y la (re) construcción histórica del ‘enemigo interno’ en Santiago de Chile”, un análisis de noticias a través de técnicas de minería de texto.
La estigmatización territorial, según el investigador, es una representación simbólica-colectiva que se ejerce a través del lenguaje y los símbolos, fijada en un lugar específico, que se torna decisiva para el futuro de ese lugar, y los medios de comunicación pueden contribuir a la creación y difusión de estos estigmas.
Para indagar en el rol que pueden cumplir los medios de comunicación, la investigación analizó más de 2000 recortes de prensa de El Mercurio, desde 1957 hasta 2018, que abordaban noticias respecto a poblaciones del Gran Santiago. El estudio arrojó que El Mercurio, amplificó los mensajes de la Fundación Paz Ciudadana en los años ‘90, creando lo que se conoce como un “enemigo interno”, concentrándose en temas de drogas, violencia y crimen.
Gobernanza criminal, corrupción política y alineamiento
En su último panel “Violencia, Delitos y Crimen Organizado”, las y los investigadores abordaron principales temas de inseguridad en Chile.
Juan Pablo Luna, investigador VioDemos, del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y académico UC, expuso sobre “Estado, desarrollo y crimen organizado: Chile en perspectiva comparada”. Señaló como premisa: “Nosotros vivimos en democracias violentas, fuertemente desiguales, pero al mismo tiempo tenemos el supuesto que la democracia y la ciudadanía democrática no funciona sin Estado de derecho. Sin embargo, hoy tenemos estados que se han vuelto funcionalmente incapaces de garantizar cuestiones básicas que están detrás de este supuesto”, señaló Luna.
Las zonas grises que rodean a la función estatal muchas veces tienen que ver con la presencia del crimen organizado y la irrupción de la ilegalidad como un fenómeno más prevalente en América Latina. En este sentido, Luna plantea que por definición el crimen organizado involucra agentes políticos, siendo muy difícil para los Estados reducir el consumo/tráfico, la violencia y la corrupción al mismo tiempo.
También destacó el rol de las cárceles latinoamericanas como lugares donde se articula el crimen organizado y el poder político. En este escenario, se ha observado cómo los estados incurren en el co-gobierno de zonas periféricas, bajo esquemas de “gobernanza criminal”, para evitar hechos de violencia a través de pactos de colusión con bandas. “Chile no es la excepción”, advierte el investigador.
Matías Garretón, investigador COES y Universidad Adolfo Ibáñez, expuso sobre “Redistribución geográfica de delitos e indicios de organización criminal post-Pandemia”, quien parte de la paradoja latinoamericana que explica cómo el aumento del crimen va en paralelo con el desarrollo económico. “En América Latina hay más dinero, por lo tanto, más incentivo para delinquir, pero no aumenta a la par la capacidad disuasiva de las instituciones”.
El investigador explica que a partir de la segregación territorial crecen los mercados ilegales, y en ocasiones excepcionales como la pandemia y el estallido social, se presenta un contexto de deterioro acelerado de la seguridad pública que permite la diversificación de estos mercados.
Advierte que cuando se llegan a las prácticas de secuestro y extorsión hay un alto riesgo de sobrepasar un umbral de no-retorno. “Cuando la capacidad del crimen organizado llega a esos niveles de especificidad, logística, y poder es muy difícil revertirlo sin pasar a la corrupción estructural, a organizaciones de gran escala y a estados fallidos”.
Por su parte, Carla Alberti, investigadora VioDemos y académica UC, abordó en su presentación “¿Puede el alineamiento político reducir el crimen? Evidencia de Chile”, cómo las variables políticas, y más específicamente la idea de alineamiento político, es decir autoridades de distintos niveles que pertenecen a un mismo partido o sector político pueden afectar la presencia/ausencia de crimen en ciertos territorios.
Alberti explica que el alineamiento político puede ayudar a reducir el crimen al aumentar las transferencias de recursos del gobierno central para mejorar la infraestructura pública en ciertos territorios. Y, que por ende, la mejora de estos espacios desde una lógica de “prevención situacional”, pueden reducir el crimen al aumentar los costos de detección e identificación.
¿Por qué estudiar este fenómeno en Chile? Porque el país presenta altos índices de crimen de propiedad y la policía, al ser centralizada, no está a disposición de las autoridades locales municipales para regular estos delitos. A partir del estudio, se encontró que el efecto del alineamiento político sobre los hechos de violencia contra las personas no tienen ningún efecto, pero si reducen efectivamente los delitos de propiedad, disminuyendo en un 51%.
Les invitamos a revivir la segunda jornada en el canal de YouTube UAH.
