La falta de acceso a servicios básicos como el agua, la dificultad para ingresar por parte de los vehículos de emergencia y la construcción con materiales ligeros fueron algunos de los elementos que se conjugaron, la noche del lunes, para que ocurriera la tragedia en el campamento Los Pirquenes, de la comuna de Coronel, en la Región del Biobío.

El incendio que afectó a dos casas dejó a ocho niños y seis adultos muertos, todos de nacionalidad venezolana. Según ha trascendido, el origen del fuego habría sido una estufa a leña hecha con latón, cuyas llamas se propagaron rápidamente en las construcciones de pallets y latas.

Los terrenos emplazados en el cerro Obligado, de Coronel, pertenecen a Enel y ya habían sido desalojados en 2014, pero en 2020 fueron tomados por nuevas familias.

La empresa señaló, a través de un comunicado, que han ejercido acciones legales para desalojar a los residentes, pero afirmaron que ‘la ocupación ilegal persiste y quienes lideran la misma siguen admitiendo nuevas familias que instalan allí construcciones que comprometen notoriamente los estándares sanitarios y de seguridad, como hoy lamentamos constatar’.

Es, precisamente, la instalación ilegal de alambres y cables para suministrar electricidad a las casas uno de los elementos que más preocupación generan entre la comunidad por la posibilidad de sufrir emergencias relacionadas con el fuego.

Javier Ruiz-Tagle, investigador asociado del CEDEUS, advierte que estos campamentos están cercanos a los bosques y enfrentan un mayor riesgo al estar en zonas altamente combustibles por la presencia de madera y con altas temperaturas en verano.

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