22 de abril/ La jornada se realizó en el ex Congreso Nacional y contó con la presencia de distintos actores, que buscan discutir sobre el derecho a la ciudad.
En el ex Congreso Nacional se realizó el cuarto y último conversatorio de «Derecho a la Ciudad», que durante esta jornada abordó la temática de Seguridad. Este espacio fomenta un nuevo diálogo para nutrir de contenido la propuesta de reforma constitucional del mismo nombre, que explicita la importancia de transformarlo en un derecho fundamental.
El evento fue moderado por el senador Alfonso de Urresti y contó con la participación de la investigadora CEDEUS Margarita Greene, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la senadora y presidenta de la comisión de constitución, Paulina Núñez, y el jefe de planificación y desarrollo territorial del GORE, Mauricio Fabry.
Cabe recordar que esta propuesta se fundamenta en la creciente y acelerada urbanización a nivel global. Los antecedentes señalan que más de la mitad de la población mundial reside actualmente en ciudades, proyectándose un aumento al 70% para el año 2050. Escenario donde las metrópolis, centros neurálgicos de la economía mundial que generan el 60% del PIB global, enfrentan desafíos críticos derivados de este crecimiento. De ahí que la propuesta busca incluir explícitamente el Derecho a la Ciudad en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Palabras de los panelistas
Consultado el senador De Urresti -quien es promotor de esta iniciativa-, señaló que «incorporar el derecho a la ciudad dentro del catálogo de derechos fundamentales es un paso necesario para elaborar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas».
Mientras que, para el ministro de Seguridad, existen dos desafíos en esta materia: «Reducir los delitos violentos y el temor de la ciudadanía. Para eso se requieren estrategias policiales, persecución penal y, fundamentalmente, abordar aspectos esenciales de la calidad de vida de las personas, que puedan vivir y transitar de manera segura y tranquila en el barrio y la ciudad».
«Eso significa intervenir de manera integral para reducir las oportunidades delictivas y la percepción de inseguridad, fortalecer la participación comunitaria y la recuperación y protección de los espacios públicos. Eso hace parte de un nuevo modelo de gestión en seguridad que es el mandato del Ministerio, con políticas basadas en evidencia y donde concurre el trabajo del conjunto de la sociedad, no sólo el Gobierno Central, también las policías, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los municipios y el sector privado”, complementó.
Por su parte, Margarita Greene considera importante «preocuparse más por los espacios dinámicos y vibrantes de la ciudad», ya que, según sus palabras, «esos son los que van a dar realmente seguridad. Si generamos espacios vibrantes, te va a permitir tener espacios tranquilos».
Leonardo Romero
Paulina Véjar
