19 de noviembre/ Diario Concepción/ El devastador incendio que dejó 14 personas fallecidas en Coronel ha puesto urgencia a la preocupación de la precariedad en que vive la población migrante, respecto a esto fue consultada la investigadora CEDEUS, María Isabel Rivera.
El pasado lunes 6 de noviembre un incendio afectó a una vivienda ubicada en un campamento de la comuna de Coronel, dejando 14 personas fallecidas, todas de nacionalidad venezolana, siendo ocho de estos niños y niñas.
Junto con la tragedia, volvió a ser tema de debate a nivel nacional la situación que la población migrante vive en el país, en especial de varios oriundos de Venezuela que se mantienen en Chile en condiciones precarias.
Respecto a este caso, el acceso a la vivienda es un problema central, por lo mismo, la académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, Dra. María Isabel Rivera Barraza, expresó su parecer frente a la situación citando el informe nº 3 de 2020 de Acceso a la Vivienda y Condiciones de Habitabilidad en la Población Migrante en Chile, realizado por Fundación Techo, en el cual se estableció que en aquel año un 14% de la población migrante presentaba déficit habitacional.
“Este es un valor no menor de familias migrantes que no tienen acceso a soluciones habitacionales y el hacinamiento es una de las grandes problemáticas de habitabilidad que están viviendo, específicamente un 19% de estas presenta déficit, mientras que los nacidos en Chile son un 7%. Probablemente lo ocurrido en el campamento en Coronel evidencia esto, donde tres familias fueron afectadas por este incendio y que probablemente vivían en situación de hacinamiento”, dijo.
La Dra. Rivera estima que es probable que vuelva a ocurrir una tragedia como la del pasado 6 de noviembre y que lo ideal sería prevenir, pero las estadísticas no son muy alentadoras:
“En 2022, según el catastro del Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), se estima que habían 156 campamentos en el Biobío, siendo la segunda región con más número de asentamientos informales después de Valparaíso. Probablemente estos números han aumentado este último año con los costos y la poca accesibilidad que tienen las familias migrantes de postular a subsidios habitacionales. De hecho es bastante bajo el porcentaje en términos de la posibilidad que tienen ellos de acceder a viviendas. Datos del mismo Minvu dicen que la gran mayoría de los inmigrantes tienen más acceso a subsidios de arriendo que subsidios formales como el DS49, de hecho solo el 2,2% de dicho subsidio se adjudicó entre 2015 y 2019 a extranjeros. Esto también se da porque son familias que no tienen muchos recursos de apoyo y desconocen de los sistemas internos del país”, agregó la experta.
Ante esta situación distintos sectores públicos y privados buscan la forma de aliviar la crisis. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que estima el déficit de más de 650 mil viviendas, busca catastrar y tener mayores certezas.
“Si bien se tiene una noción a nivel regional, todavía no hay un dato tan específico a nivel de localidad y provincia, por lo tanto, es necesario poder identificar el tipo de condición de campamento y por ejemplo cuánto es el porcentaje de allegados y la posibilidad de esas familias de postular a subsidios. Dentro de las políticas que tienen que salir a nivel de Estado es pensar si existiría una política exclusiva para la población migrante o bien la misma política que está para el derecho a la vivienda se entienda en conjunto hacia todos los grupos vulnerables”, explicó la académica.
La Dra. Rivera agrega que es importante además que la solución incluya a actores públicos y privados, teniendo presente también que el asentamiento sea en barrios bien cohesionados, con acceso a servicios educacionales, de salud y transporte público.
“Otro tema a considerar es que estas políticas toman tiempo, por lo que hay buscar soluciones de momento, como algún tipo de albergue que reduzca la precariedad de estos asentamientos y que dé resguardo a la población para que no vuelvan a ocurrir los incidentes que vimos, puesto que gran parte de estos asentamientos están desprovistos de acceso a agua potable y electricidad”, finalizó.
Leonardo Romero
