26 de septiembre/ El Mercurio/ Ejecutivo propone a los habitantes que constituyan cooperativas para adquirir terreno usurpado. Especialistas llaman a “no debilitar los conductos regulares” y recomiendan evitar “incentivos perversos”.
Falta poco más de un mes para que el 6 de noviembre venza el plazo dado por la Corte Suprema para desalojar a los 9.887 habitantes de una ocupación ilegal que se expande en los cerros La Virgen y Centinela en San Antonio (Valparaíso). En ese contexto, el Ministerio de Vivienda (Minvu) está instando a quienes viven en la denominada “megatoma” a organizarse bajo la fórmula de cooperativas, mediante las cuales puedan adquirir al propietario privado usurpado lotes del terreno de 210 hectáreas, para luego acceder a programas a fin de regularizar su urbanización.
La Seremi de Vivienda señala que tras el catastro del asentamiento informal, se determinó que el 80% de sus miembros es hábil para recibir subsidios habitacionales, por lo que considera “clave” analizar todas las soluciones que pueda barajar esa cartera, porque “el Estado y el ministerio no pueden comprar terrenos en toma”.
Javier Ruiz-Tagle, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), señala que en el sistema de cooperativas “la plata para comprar el terreno proviene mayoritariamente del Estado. No es simplemente que el Estado le pase la responsabilidad a la gente, sino que las cooperativas cofinancian esa compra, pero la mayor cantidad de plata viene desde el Estado”.
“De algún modo, estas intervenciones vienen a dar un incentivo perverso para que más gente se tome terrenos”, plantea.
Lee la noticia completa aquí.
Leonardo Romero
