Desde el siglo pasado, ha existido un constante debate sobre la organización de las áreas urbanas como una realidad espacial compleja, considerando factores de interacción distintos a los que caracterizaban a la ciudad tradicional. La institucionalidad de las ciudades y sus propuestas, desde mediados de siglo no se han constituido realmente como una mejora a las problemáticas urbanas, considerando que los procesos de urbanización e industrialización han estado estrechamente ligados.
En Chile, esta discusión ha sido más bien tardía. La existencia de una figura responsable de un gobierno metropolitano se plantea con fuerza a comienzos de los años 90 con el regreso de la democracia. Sin embargo -en palabras del autor- “se camina un poco a ciegas en materia de desarrollo urbano, donde tanto el sector público y el sector privado han carecido de definiciones sobre cómo debemos hacer las ciudades para este nuevo siglo, sobre todo en un país donde el 90% de su población vive en un medio urbano y al año 2020 se proyecta que tres de cada cuatro ciudadanos vivirán en un área metropolitana”.
Por ello, la urgencia de una entidad y una normativa que sea capaz de regular y fiscalizar fundamentalmente todos los procesos y prácticas que se llevan a cabo en el espacio urbano. Los esfuerzos del gobierno actual han dado frutos en esta materia, así se abre nuevamente la discusión con la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la cual convocó a diversos actores a discutir e intentar consensuar las bases de esta política, lo que promete ser un avance importante hacia el desarrollo de ciudades con mayor calidad de vida, pero también más justas social y territorialmente.
Este tema es el que explora Arturo Orellana, Investigador de CEDEUS, en su trabajo Gobiernos metropolitanos para Chile: la necesidad versus la factibilidad. La investigación, publicada en Temas de la Agenda Pública, del Centro de Políticas Públicas UC (Año 8, No 63, Noviembre 2013. ISSN 0718-9745) tiene por objetivo «intentar entregar una propuesta que ponga foco en lo que se quiere corregir y direccionar, en el propósito de configurar hacia el futuro áreas metropolitanas que ofrezcan una mejor calidad de vida a sus residentes, considerando la experiencia internacional y el contexto nacional para llevar a cabo las transformaciones institucionales requeridas en términos de gobernabilidad, planificación y gestión», señala Orellana.
Leonardo Romero
