Por Jonathan Barton / Director de CEDEUS / Investigador principal del cluster Planificación Integrada
Una versión más breve de esta columna fue publicada como Carta al Director en La Tercera.
Los desastres en Chile tienen nombre y apellido: los de las comunidades donde ocurren. Por ello, debemos responder desde lo local. El concepto de resiliencia se ha convertido en la palabra clave en la discusión de riesgos y cambio climático durante los últimos años. Pero pensar que se puede generar resiliencia desde un Estado centralizado es una fantasía.
El Marco de Reducción de Desastres de Sendai (2015-2030) destaca la gestión y la gobernanza para anticipar eventos y reducir exposición, mensaje que se repite en la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ambos documentos señalan que la coordinación institucional y el rol protagónico de las propias comunidades afectadas son fundamentales en la respuesta.
Pese a no hablar explícitamente de riesgos, la Política de Descentralización propone transferir y generar nuevas competencias administrativas y financieras y profundizar la democracia y la participación. Estos ejes van en línea con mayor resiliencia y empoderamiento que, sin duda, llevarían a un país con comunidades mejor preparadas y con capitales humanos, físicos y financieros más adecuados para enfrentarlos.
La creación de celdas resilientes al nivel más local posible, como el barrio o la comuna, con educación, capacitación y recursos asignados, formadas por la ciudadanía y guiadas por personas adecuadamente instruidas, se convierten en la primera línea de acción inmediata ante impactos de gran magnitud. Así, la descentralización, además de reducir las relaciones de dependencia y clientelismo, se convierte en un gran amortiguador de los desastres y aminora la sensación de impotencia entre los afectados.
Leonardo Romero
Paulina Véjar
