Una nueva oportunidad para el Transantiago

LA TERCERA/25 DE SEPTIEMBRE/ JUAN CARLOS MUÑOZ/ Ingeniero y Doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California (Berkeley), Profesor titular del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).

 

El gobierno ha anunciado los contenidos técnicos esenciales de las bases de licitación de los nuevos servicios de buses que operarán en Transantiago, retomando un proceso cancelado por la actual autoridad. La propuesta del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones recoge, e incluso profundiza, algunos elementos positivos de la licitación anterior: el Estado se hará propietario de todos los terminales de buses, se prevé un aumento en electromovilidad, se reduce aún más el tamaño de las empresas y se propone una fórmula de pago a los operadores que busca cubrir los costos de operación y proveer incentivos al buen servicio en toda la ciudad.

La principal novedad es la separación del negocio de quien provee los buses y quien los operará. Esto permite que el Estado pueda caducar con mucha más facilidad a un operador que presente un servicio defectuoso, resguardo muy importante para que las empresas pongan un foco permanente en la calidad de servicio.

Sin embargo, alinear los incentivos de las empresas privadas con los intereses de la sociedad no es fácil en esta industria, pues presenta múltiples interacciones entre actores y cuantiosas externalidades sociales. Así, diseñar los contratos agregando un nuevo actor es un desafío de gran complejidad. Este esquema, que separa los roles de proveer y operar buses, existe en algunas ciudades, pero no tiene precedentes en Chile. Es importante que el modelo de negocios sea bien estructurado, sobre todo considerando que las bases afectarán a la gran mayoría de los servicios de la ciudad. Realizar un análisis cuidadoso podría requerir más tiempo que el contemplado en la agenda ministerial.

La autoridad ha planteado que otorgará un premio a las empresas que logren aumentar la demanda que captan, incentivando así a reducir la escandalosa evasión que presenta el sistema. Este es un tema delicado, pues los operadores cuentan con muy pocas herramientas para enfrentar esta responsabilidad. Así, el rol del Estado es clave en atacarla, considerando que la evasión puede considerarse un elemento propio del sistema. De hecho, los contratos del 2012 hicieron esta misma apuesta de traspasar el control de la evasión al operador, sin éxito alguno.

La licitación anterior atrajo a algunos nuevos operadores internacionales de tremendo prestigio, por lo que un desafío adicional es convencer a estas empresas a que vuelvan a poner los ojos en nuestra ciudad.

FUENTE: La Tercera