13 Dic Juan Antonio Carrasco/ Repensar la gobernanza de la toma de decisiones para la movilidad: Un tema urgente
12 de diciembre 2021/El investigador principal de CEDEUS, Juan Antonio Carrasco, aborda los desafíos que existen para avanzar en la gobernanza para una movilidad sustentable: ir más allá del modo de transporte, y poner en el centro el acceso y la planificación urbana.
El debut de los nuevos gobernadores regionales en mayo recién pasado ha generado esperanzas para avanzar en una real descentralización en la toma de decisiones. Si bien ha habido un trabajo importante por parte de organismos técnicos en el traspaso de competencias, existe un consenso – incluso entre los actuales candidatos presidenciales – de que se deben ampliar sus potestades. En el caso particular de la movilidad urbana, aunque las gobernaciones tienen responsabilidades en su planificación, éstas son insuficientes para implementar los cambios urgentes que requieren nuestras ciudades. En una reciente instancia de discusión, realizada en el marco de la reciente Trienal de Arquitectura organizada en Concepción, profesionales de distintos niveles de gobierno (municipalidad, regional y nacional), coincidieron en esta urgencia y la necesidad de coordinación entre ellos.
Discutir temas de gobernanza parece ser lejano para quienes a diario nos movemos en las ciudades; no obstante, la capacidad de mejora en ellas depende fuertemente de cómo los distintos niveles del Estado interactúan para realizar cambios. Por una parte, fue acuerdo en este panel que nuestra intercomuna posee ventajas importantes de cuidar. En efecto, existe una cultura de colaboración interinstitucional que va más allá la cercanía entre personas, que permite que muchas visiones, que requieren ser de largo plazo, trasciendan los cortos ciclos electorales. Además, la escala espacial de la intercomuna permite que la coordinación de acciones sea posible aún cuando implique esfuerzos cada vez mayores.
Sin embargo, el panel también distinguió importantes desafíos. En primer lugar, se debe impulsar una mirada de largo plazo que anticipe grandes desafíos globales, como el cambio climático y las migraciones, y regionales, como el desarrollo económico y la mejora de estándares sociales y ambientales de nuestra ciudad. También se coincidió en la necesidad de que, entendiendo la relevancia de la infraestructura y sus desafíos logísticos, se amplíe la mirada hacia una cultura de la movilidad y calidad de vida, que no solo se limite al desarrollo económico. Por ejemplo, lo anterior implica conciliar y jerarquizar los objetivos de provisión de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, con los de movilidad y espacio urbano de ministerios de Vivienda o Transporte. En otras palabras, requerimos enfocarnos a grandes desafíos que van más allá de la congestión vehicular, y que implican la necesidad de proveer un acceso justo y equitativo a las actividades urbanas para todas las personas.
Estos cambios solo son posibles si quienes toman las decisiones en nuestra región utilizan su capital político para implementar soluciones que coordinen estos impulsos, entendiendo también que, sin una real participación de la ciudadanía, cualquier política de movilidad urbana quedará coja. En efecto, el impulso a la descentralización en las decisiones de movilidad urbana debe ir aparejado de mayores estándares, manera de que las mejoras en nuestro sistema de transporte no solo impliquen mayor velocidad para trasladarnos, sino que mayor justicia y un mejor medioambiente.