31 de julio/ En este conversatorio se exploraron similitudes y diferencias en las luchas por el derecho a la vivienda en diferentes contextos globales, enfatizando los desafíos comunes y las respuestas específicas a cada región.

El pasado lunes 22 de julio, se realizó el conversatorio «Luchas urbanas por el derecho a la vivienda, barrio y vida digna: Perspectivas desde el Norte y Sur Global», donde participaron las investigadoras CEDEUS Katia Valenzuela y Xenia Fuster Farfán, además de Miguel Ángel Martínez, profesor del Institute for Housing and Urban Research de Uppsala University, Suecia.

La actividad se realizó con el fin de reflexionar sobre las luchas por la vivienda desde el Sur Global, por lo que las investigadoras CEDEUS presentaron ponencias sobre sus investigaciones.

Xenia Fuster, comentó sus hallazgos a través de la charla “Gobernanzas y luchas por la vivienda en el Chile neoliberal”, mediante la cual analizó la actual crisis de la vivienda y detalló que esta problemática ha sido sostenida en el tiempo.

“Precisamente surge porque el acceso de la vivienda en el país reposa en la capacidad que tienen las familias de pagar esa vivienda, ya sea el arriendo o a través de la compra. Y cuando las familias no pueden acceder, acceden a ayudas del Estado, pero que también son muy limitadas no solo en los recursos y en la cobertura, sino que también en otros elementos como la localización de las viviendas”, explica Fuster.

La investigadora continuó señalando que las viviendas tampoco están pensadas en las necesidades, algo que aumenta la crisis: “Cuando una familia es propietaria no tiene las mismas necesidades que cuando son personas de 30 o de 80 años, por ejemplo, entonces el problema de la vivienda es un problema que abarca muchas dimensiones”.

Katia Valenzuela, en tanto, ejemplificó otra arista que se suma a esta crisis con la experiencia del emblemático sector de Boca Sur en San Pedro de la Paz.

“El borde costero de San Pedro de la Paz es un caso bien emblemático de la crisis habitacional y de las políticas de vivienda, cuya historia comienza con el despojo y erradicaciones forzadas en época de dictadura y, luego, una sucesiva implementación de políticas de viviendas que han sido cuestionadas como, por ejemplo, los blocs de lata, unas viviendas que fueron rápidamente declaradas inhabitables”.

Esta última situación es una de las más preocupantes, ya que debido a la crisis estos edificios están volviendo a ser ocupados por las familias. “En el caso de Boca Sur, en particular, se articula una serie de factores, ya que en el nuevo Boca Sur ya hay viviendas propias, pero las familias que se encuentran allí están enfrentando la misma problemática de acceso a viviendas y nuevamente comienzan los procesos de reocupaciones de edificios declarados inhabitables”.

Miguel Ángel Martínez ofreció una perspectiva desde Europa, señalando que la lucha por la vivienda en España ha sido intensa desde la crisis financiera de 2009. Subrayó cómo los desalojos forzados de personas incapaces de pagar sus hipotecas o alquileres han generado una gran indignación social, alimentada por la percepción de que se priorizó el rescate de los bancos en lugar de abordar el problema de acceso a la vivienda.

“La crisis de la vivienda ahora es mucho más grande, por lo tanto, las luchas son un reflejo de esas crisis que hay en múltiples variables, pero sobre todo lo que hay son muchos desalojos forzados de personas que no pueden pagar sus hipotecas o alquileres. Hay ante todo una reinterpretación de la crisis que se produjo en el 2008. Entonces, ese estallido en el 2011 que se produce en España viene como fruto de un malestar por el modelo de crecimiento económico del país y por la burbuja inmobiliaria que había hecho que fuera cada vez más difícil acceder a la vivienda», explica Martínez.

El profesor del Institute for Housing and Urban Research de Uppsala University concluye: «Eso fue un momento de cambio radical entre periodos históricos, muy distinto a las luchas que se producen aquí, que tienen un periodo de lucha más largo y con políticas del Estado que son muy distintas, de subsidios de erradicaciones y facilitar viviendas de poca calidad”.