Al atardecer, una escena se repite en las ciudades del centro-sur de Chile: una densa nube gris se posa sobre los barrios, el aire se vuelve denso y el olor a humo penetra hasta el último rincón de los hogares. Mientras las aplicaciones y las autoridades indican que la calidad del aire es “regular” o “moderada”, las salas de urgencias se saturan con pacientes que sufren crisis respiratorias e influenza. Lo que nos hace testigos de una contradicción: lo que el Estado califica como aceptable es, bajo estándares internacionales, una amenaza directa a la salud pública.

La calificación de “aire regular” en Chile es una zona de peligro ignorada. Existe una brecha abismante entre nuestra normativa y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mientras el mundo avanza hacia niveles de protección más estrictos, en Chile nos hemos estancado.

El problema se dispara tras el encendido masivo de calefactores a leña, liberando material particulado fino (PM 2.5) tan pequeño que puede ingresar fácilmente a nuestras vías respiratorias, dañándolas severamente. Sin embargo, el foco no debe ponerse en “demonizar” al usuario. Las familias son víctimas de la precariedad constructiva de nuestro parque habitacional; viven en casas “desnudas” que carecen de una envolvente térmica eficiente, producto de la falta de una regulación normativa técnica. Ante un invierno en que los hogares se enfrían en minutos, la leña es la única opción económica en muchas viviendas, sobre todo, en el contexto delicado de triplicación en el costo de los combustibles a nivel global.

Esta precipitada deshabitación revela una vulnerabilidad persistente y sistemática en los más vulnerables y fragiliza a la sociedad. Durante los meses de invierno, se triplican las consultas de la población más vulnerable conformada por personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños menores de seis años se ven obligados a adoptar medidas de resguardo extremas. En las denominadas Zonas Saturadas, la protección de las vías respiratorias ha vuelto a ser una necesidad crítica y cotidiana que hemos normalizado, desnudando la urgencia de implementar soluciones definitivas de habitabilidad.

A esto se suma una alarmante distorsión en las mediciones oficiales. En el Gran Concepción, por ejemplo, existen estaciones de monitoreo que no son representativas de las condiciones de diversos sectores en la ciudad, maquillando la realidad de comunas y barrios donde la geografía atrapa “bolsones” de humo a la altura de colegios y hogares. La toma de decisiones en salud pública no puede basarse en una loma despejada, sino en sensores distribuidos que reflejen el aire real que respiran los ciudadanos a pie.

Para avanzar hacia la carbono neutralidad del 2050, el camino técnico exige hermeticidad, aislamientos, involucrando a los agentes económicos y financieros más allá de los limitados subsidios con que contamos. Las soluciones sustentables deberán ir plasmándose con normativas constructivas blindadas para viviendas y aulas. El deber del Estado y sector privado es vital para detener esta crisis. Es hora de dejar de exigir resiliencia a los ciudadanos a pie y comenzar a exigir cambios estructurales en nuestra planificación urbana y estándares de construcción.