1 de septiembre 2021/ La Tercera/ El director e investigador CEDEUS Juan Carlos Muñoz escribió junto a los académicos UC Manuel Tironi, Francisco Reyes y el rector de la Pontifica Universidad Católica de Chile Ignacio Sánchez una columna sobre el proyecto Dominga y los retos de la sustentabilidad.
Ante la crisis climática que enfrentamos, el conflicto en torno al proyecto Dominga es una invitación a cultivar una visión responsable, generosa y de largo plazo que evalúe de manera integral los elementos técnicos involucrados, con los aspectos sociales y ecológicos. En los últimos días se han hecho visibles una serie de problemas, tanto del proyecto en sí como de los procesos de planificación y evaluación a los que se someten las intervenciones territoriales, que son fundamentales de resolver frente a los desafíos que tenemos como país, región y planeta. También invita a una profunda reflexión respecto de hasta dónde podemos mantener un modelo de vida basado en la extracción de recursos naturales, afectando -muchas veces irremediablemente- frágiles ecosistemas.
El caso Dominga muestra con claridad la necesidad imperiosa de conjugar el desarrollo con la protección decidida de la biodiversidad que nos rodea y sustenta. El proyecto minero portuario se ubica en una zona de biodiversidad única. El tránsito de embarcaciones mayores probablemente superará la capacidad de carga, alterando las rutas de navegación de las ballenas e impactando negativamente a numerosos cetáceos, poblaciones de pingüinos de Humboldt y chungungos. También se pondrían en peligro los ecosistemas terrestres de la zona, por ejemplo, a la población de guanacos costeros -especie única y genéticamente diferenciada- y a la flora endémica de la zona como los lucumillos y papayos.
Es relevante enfatizar el vínculo entre conservación de la biodiversidad y cambio climático toda vez que el conflicto actual coincide con la publicación de un nuevo informe IPCC, el que es categórico en señalar no solo que el rol humano en la crisis planetaria que enfrentamos es inequívoco, sino también que estamos ante el mayor nivel de CO2 en la historia. El proyecto -que incluye una mina a cielo abierto, una planta de procesos, botaderos de estéril y depósito de relaves, además de un ducto para transportar el concentrado desde Dominga a Totoralillo y un acueducto para transportar agua desalinizada, más la operación portuaria ya mencionada- afectaría la capacidad de los ecosistemas marinos y terrestres que facilitan la captura de carbono, agravando la actual situación climática. Este caso también nos convoca a avanzar hacia una regulación ambiental que logre responder a los desafíos que enfrentamos. Nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tiene pendiente una reforma ampliamente discutida y esperada que apunta, entre otras cosas, a afinar la evaluación integrada de megaproyectos en proximidad territorial con impactos sociales y ambientales convergentes.
Asimismo, la delicada situación socio ambiental que enfrentamos como planeta, requiere una participación mucho más sustantiva de los y las habitantes directamente impactados por el diseño, construcción y operación de un proyecto con estas características. Las preocupaciones de la comunidad sobre los efectos que pueda tener el complejo industrial en el agua, la salud, el borde costero, los ecosistemas locales, la pesca artesanal y el turismo sustentable de la zona deben ser acogidas. Sin embargo, las instancias de participación consideradas en el sistema de evaluación ambiental, si bien han sido mejoradas, son aún tardías (excluyen el diseño del proyecto), asimétricas (las comunidades no necesariamente cuentan con asesoramiento experto) y no vinculantes.
El caso Dominga también pone a la luz la necesidad de abrir un diálogo plural y generoso sobre el modelo de desarrollo que queremos para el país, especialmente en momentos que se escribe una nueva Carta Fundamental. En el frágil contexto socio ambiental que enfrentamos, debemos reflexionar sobre la potencial irreversibilidad de las intervenciones tecnológicas e industriales. El raciocinio que justifica este tipo de proyectos se sustenta, muchas veces, en ideas cortoplacista de desarrollo y en evaluaciones que tienden a dar poco valor a los impactos que ocurren en futuros no fácilmente estimables.
El proyecto Dominga, en su estado actual, trae sin duda beneficios económicos para el país y la región, pero a un costo que puede ser demasiado alto. Frente a la inminente crisis que vivimos, este caso nos pone ante una decisión difícil, que seguramente se nos volverá a presentar. Preocupa eso sí que dentro de la batería de alternativas para enfrentar el desarrollo futuro no contemplemos la posibilidad de ajustar nuestras prácticas a la luz de la huella ambiental -individual y colectiva- que dejamos. Preocupa asimismo que la respuesta a esta crisis no contemple transformaciones estructurales que promuevan un desarrollo verdaderamente sustentable. Esta crisis ofrece una oportunidad para crear una cultura ambiental de largo plazo, articular una visión del país sobre nuestra “casa común” que sea más cuidadosa e incentivar desarrollos tecnológicos sustentables. En estas tareas las universidades estamos trabajando para aportar al país.
Leonardo Romero
Paulina Véjar
