Por Jonathan Barton / Investigador principal Planificación IntegradaPublicado en Plataforma UrbanaPara las 345 autoridades locales, justo antes de las elecciones municipales, corresponde plantear la pregunta: ¿Cuál ha sido el avance en la comuna desde diciembre de 2012? Por supuesto, nadie la plantea, porque no hay mecanismos de evaluación sino sensaciones, percepciones, favores, “apagadas de incendios” y una gestión de presupuestos anuales para asegurar un cumplimiento de procesos acorde con la Contraloría.En los manifiestos que ofrecerán desde agosto los candidatos a alcalde para los comicios de octubre, es seguro que va a haber muchas declaraciones en pro de aumentar la seguridad, mejorar los espacios públicos, ofrecer más y mejores servicios, y defender el patrimonio local. Sin embargo, es menos probable que exista un plan para cumplir estos propósitos. La municipalidad, como consecuencia, se convierte en un vehículo para guiar fondos autónomos y externos, como el Fondo Común Municipal, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional u otros, en inversiones y mejoras (a menudo en forma fragmentada y poco coordinada). Valioso y admirable, por supuesto, pero qué pasa con la planificación de mediano y largo plazo, que transciende el presupuesto anual. Es probable que el barco comunal navegue en un gran círculo de cuatro años, viento en popa, porque nadie fijó en él un destino más allá.Los municipios deben contar con Planes de Desarrollo Comunal (Pladecos) y, si hay áreas urbanas, también con Planes Reguladores Comunales. El primero debe informar al segundo, pero lamentablemente, no es así en la práctica. No hay sinergias entre ambos: el Pladeco es solamente indicativo, mientras que el Plan Regulador gravemente normativo. Es común que cada uno esté formulado o modificado en periodos distintos. El segundo crea, mueve u obstaculiza miles de millones de inversión potencial. El primero es un ejercicio de papel, rara vez comentado.Es evidente que los municipios realizan inversiones para formular y actualizar sus Pladecos, cumpliendo con el deber legal de contar con este instrumento (Art. 3 (a) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades). Sin embargo, este es generalmente un acto administrativo y no un acto de planificación para: “(…) satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”, como la ley indica en su Art. 1.En Colombia, los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs) son de 12 años y trascienden tres administraciones alcaldicias, donde los Planes de Desarrollo Municipal (4 años) y los presupuestos anuales no deben perderlos de vista el POT. Son ejercicios para fijar una agenda comunal con amplia participación, donde los alcaldes deben ajustar sus agendas a este plan de largo plazo. Aunque no está exento de problemas, este sistema ayuda evitar los reinventos cada cuatro años y la sobre-personalización del proyecto comunal. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia lo plantea de manera sintética: “El POT es, en esencia, el pacto social de una población con su territorio”.Sin lugar a dudas, es necesario crear Pladecos que transciendan el corto plazo y miren hacia un horizonte más lejano. Deben ser normativos también, en el sentido de que las inversiones y los proyectos diseñados tengan coherencia, por obligación, con una orientación clara y definida con amplia participación vinculante. El plan debe ser la hoja de ruta del alcalde, el concejo y de la administración municipal. Estos Pladecos deben definir el “What in my backyard” (WIMBY: “Qué en mi patio trasero”), para evitar los conflictos locales que surgen en respuesta a iniciativas inesperadas (“Not in my backyard”- NIMBY: “No en mi patio trasero”).Es deber de todos los alcaldes y las alcaldesas, cuando se sienten en sus oficinas consistoriales a inicios de diciembre y reflexionen sobre los pasos siguientes –no solamente en su rol de políticos y gestores, sino de planificadores comunales– plantearse la pregunta: ¿Cuál es mi plan?Sugiero que revisen el Pladeco, que está sobre la mesa en todas las reuniones municipales, y vean que el barco tiene un destino claro y metas para cumplir y, por supuesto, un grado de flexibilidad para manejar las tormentas y los incendios. Así, en cuatro años más, podremos contestar la pregunta: ¿Cómo fue que avanzamos desde 2016 a 2020?El investigador principal de Planificación Integrada, Jonathan Barton, llama a los alcaldes y alcaldesas, que comenzarán a ejercer a inicios de diciembre, a que reflexionen sobre sus siguientes pasos como planificadores comunales.
Por Jonathan Barton / Investigador principal Planificación IntegradaPublicado en Plataforma UrbanaPara las 345 autoridades locales, justo antes de las elecciones municipales, corresponde plantear la pregunta: ¿Cuál ha sido el avance en la comuna desde diciembre de 2012? Por supuesto, nadie la plantea, porque no hay mecanismos de evaluación sino sensaciones, percepciones, favores, “apagadas de incendios” y una gestión de presupuestos anuales para asegurar un cumplimiento de procesos acorde con la Contraloría.En los manifiestos que ofrecerán desde agosto los candidatos a alcalde para los comicios de octubre, es seguro que va a haber muchas declaraciones en pro de aumentar la seguridad, mejorar los espacios públicos, ofrecer más y mejores servicios, y defender el patrimonio local. Sin embargo, es menos probable que exista un plan para cumplir estos propósitos. La municipalidad, como consecuencia, se convierte en un vehículo para guiar fondos autónomos y externos, como el Fondo Común Municipal, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional u otros, en inversiones y mejoras (a menudo en forma fragmentada y poco coordinada). Valioso y admirable, por supuesto, pero qué pasa con la planificación de mediano y largo plazo, que transciende el presupuesto anual. Es probable que el barco comunal navegue en un gran círculo de cuatro años, viento en popa, porque nadie fijó en él un destino más allá.Los municipios deben contar con Planes de Desarrollo Comunal (Pladecos) y, si hay áreas urbanas, también con Planes Reguladores Comunales. El primero debe informar al segundo, pero lamentablemente, no es así en la práctica. No hay sinergias entre ambos: el Pladeco es solamente indicativo, mientras que el Plan Regulador gravemente normativo. Es común que cada uno esté formulado o modificado en periodos distintos. El segundo crea, mueve u obstaculiza miles de millones de inversión potencial. El primero es un ejercicio de papel, rara vez comentado.Es evidente que los municipios realizan inversiones para formular y actualizar sus Pladecos, cumpliendo con el deber legal de contar con este instrumento (Art. 3 (a) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades). Sin embargo, este es generalmente un acto administrativo y no un acto de planificación para: “(…) satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”, como la ley indica en su Art. 1.En Colombia, los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs) son de 12 años y trascienden tres administraciones alcaldicias, donde los Planes de Desarrollo Municipal (4 años) y los presupuestos anuales no deben perderlos de vista el POT. Son ejercicios para fijar una agenda comunal con amplia participación, donde los alcaldes deben ajustar sus agendas a este plan de largo plazo. Aunque no está exento de problemas, este sistema ayuda evitar los reinventos cada cuatro años y la sobre-personalización del proyecto comunal. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia lo plantea de manera sintética: “El POT es, en esencia, el pacto social de una población con su territorio”.Sin lugar a dudas, es necesario crear Pladecos que transciendan el corto plazo y miren hacia un horizonte más lejano. Deben ser normativos también, en el sentido de que las inversiones y los proyectos diseñados tengan coherencia, por obligación, con una orientación clara y definida con amplia participación vinculante. El plan debe ser la hoja de ruta del alcalde, el concejo y de la administración municipal. Estos Pladecos deben definir el “What in my backyard” (WIMBY: “Qué en mi patio trasero”), para evitar los conflictos locales que surgen en respuesta a iniciativas inesperadas (“Not in my backyard”- NIMBY: “No en mi patio trasero”).Es deber de todos los alcaldes y las alcaldesas, cuando se sienten en sus oficinas consistoriales a inicios de diciembre y reflexionen sobre los pasos siguientes –no solamente en su rol de políticos y gestores, sino de planificadores comunales– plantearse la pregunta: ¿Cuál es mi plan?Sugiero que revisen el Pladeco, que está sobre la mesa en todas las reuniones municipales, y vean que el barco tiene un destino claro y metas para cumplir y, por supuesto, un grado de flexibilidad para manejar las tormentas y los incendios. Así, en cuatro años más, podremos contestar la pregunta: ¿Cómo fue que avanzamos desde 2016 a 2020?
Paulina Véjar
Leonardo Romero
