El Sur / La investigadora Xenia Fuster-Farfán cuestiona la estrategia de respuesta a la crisis habitacional y plantea que, en Concepción, el desafío no es solo construir más viviendas para nuevos propietarios, sino ampliar las alternativas de acceso, fortalecer el arriendo y recuperar el rol de la vivienda pública.
Hace unas semanas, Concepción despertó con una noticia estremecedora: un terreno destinado a la construcción de vivienda pública (conocido como “Arriendo a Precio Justo”), ubicado en pleno centro, cambiará su vocación para ser entregado en propiedad bajo el programa habitacional DS19. Esta decisión discrecional es la evidencia del estado actual de la política habitacional chilena: hay urgencia, hay suelo público disponible, hay una ciudad que necesita soluciones sustentables y, sin embargo, se sigue tomando el mismo camino que está al origen de la llamada “crisis habitacional”. La explicación detrás de esta decisión es dogmática: todos debemos ser propietarios. Bajo ese contexto, arrendar no es vivir, es esperar. Porque los que no tienen casa propia están de paso; es temporal; es efímero.
El apego por la propiedad es comprensible culturalmente: así fuimos colonizados, así lo ha reforzado el Estado, así lo entendemos como un mecanismo de protección y seguridad, ante una sociedad que envejece pobre, donde la propiedad representa una certeza. Sin embargo, es una realidad cada vez más difícil de sostener con datos.
En 2025 el precio promedio del arriendo en Concepción alcanzó los $10.598 por metro cuadrado mensual. Para una familia (idealmente pequeña y usuaria de espacios reducidos) un departamento de 50 mt2 supone pagar más de $500.000 al mes. En una región cuya tasa de desocupación alcanza el 10%, y el 7,3% de su población gasta más del 30% de sus ingresos solo en arriendo, estas cifras representan un escenario alarmante.
La construcción de viviendas en Concepción agrega más paradojas a este problema. Entre 2002 y 2024 se construyeron 47.246 departamentos y 11.725 casas (58.971 unidades en total), mientras que la población creció en 14.314 personas, es decir, por la llegada de 1 habitante, se construyeron 4,1 viviendas durante este periodo. Al mismo tiempo, el CENSO 2024 registró 10.555 viviendas desocupadas en la ciudad, de las cuales 7.100 están esperando ser arrendadas, en venta o son de uso estacional/vacacional. La simpleza de estos datos evidencia las fracturas del debate de la vivienda en Concepción y en Chile: no es un problema de escasez, es de acceso.
El programa Arriendo a Precio Justo se perfila como una respuesta a este problema. Propone la construcción o adquisición de viviendas por parte de organismos públicos o privados para que sean arrendadas a precios más asequibles. Para acceder a este programa es necesario contar con un subsidio de arriendo que oscila entre los $150.000 y $170.000 mensuales, y copagar hasta el 25% del sueldo. Para adultos mayores y personas con discapacidad, el subsidio cubre entre el 90% y 95% del arriendo. Esto permite enfrentar el acceso a la propiedad con más rapidez y holgura, facilitando el ahorro en condiciones de seguridad, en barrios céntricos e integrados. Sin embargo, es una alternativa que dejó de estar disponible en el centro de Concepción.
La decisión de resolver problemas antiguos con respuestas igual de antiguas hace que el Estado se debilite para enfrentar la aguda crisis habitacional que vivimos. La vivienda pública es una oportunidad para que el país mantenga y gestione sus activos, genere ingresos y regule la convivencia cotidiana. Por ello, es importante diversificar las alternativas de acceso y evitar posiciones dogmáticas sobre el rol que tiene la vivienda en nuestra sociedad.
Leonardo Romero
