Militarización policial, control de territorios y del espacio urbano

El Mostrador, 31 de diciembre 2019/ Columna de Alejandra Luneke, investigadora CEDEUS y profesora del Instituto Estudios Urbanos y Teritoriales UC.

El viernes 27 de diciembre pasado murió Mauricio Fredes ahogado al caer a un foso lleno de agua en el centro de Santiago. Las circunstancias de su muerte son investigadas. También, el 24 de diciembre, quienes decidieron celebrar navidad en Plaza de la Dignidad fueron duramente reprimidos.  Su muerte y este hecho, han movilizado a la oposición a una posible acusación constitucional contra el intendente de Santiago, Felipe Guevara, máxima autoridad civil en el control del orden público. Y es que, bajo su mandato, se ha aplicado la idea de ‘tolerancia cero’ al desorden y a la violencia mediante la aplicación de la táctica del copamiento policial. Esta, pese a que la actual Constitución de la República consagra el derecho a reunión en el espacio público y que permite a la ciudadanía protestar, conmemorar y o celebrar sin previo aviso.

Pero la imagen de más de un centenar de policías en este espacio de la ciudad no es nueva, ni aislada. La observación y registro de las estrategias de control del orden público en jornadas de movilización social desde 2006, muestran que la cantidad de policías parapetados en las calles ha sido la táctica más recurrente de control, al mismo tiempo que el uso de armas y dispositivos de disuasión. A diferencia de cómo operan las policías en otras partes del mundo, las cuales optan por usar agentes de diálogo con los manifestantes y/o diseñar mecanismos de inteligencia con funcionarios infiltrados para evitar la confrontación directa, la policía chilena ha privilegiado la mayoría de las veces sólo el uso de la fuerza y/o su amenaza. La disuasión mediante el copamiento policial de calles y espacios parece ser la táctica mejor conocida por la policía chilena.

Esta táctica se ha usado de manera permanente en las estrategias de seguridad en el territorio urbano y sectores rurales. En poblaciones de la Región Metropolitana como La Legua, Santa Adriana, La Victoria y Lo Hermida, la presencia de fuerzas especiales ha sido constante por largos períodos, y el cierre perimetral (forma militar de control territorial) se ha aplicado sin ningún control externo y sin evidencia de resultados en la reducción del tráfico de drogas.  Y, por otra parte, la Región de la Araucanía ha sido militarizada con fuerzas policiales. Desde la ciudad de Los Ángeles al sur, y al cruzar el peaje, se observa que se ha privilegiado la misma estrategia policial. La operación Huracán y el caso Catrillanca han dejado en evidencia no sólo el déficit de inteligencia, sino que también cómo la tendencia a la militarización policial ha superado a una adecuada gestión del conflicto histórico que el Estado chileno sostiene con el pueblo mapuche.

En este contexto, el debate sobre la militarización de la ciudad y de los territorios por parte de la policía -tan recurrente y antigua en América Latina- cobra especial sentido. Y es que, frente a un aumento de la violencia urbana en las últimas décadas, la tendencia o la tentación a la militarización policial y o a la policiación de los militares ha sido una constante, implicando graves consecuencias en términos de derechos humanos, derechos sociales y civiles en las ciudades latinoamericanas. El debate experto en este ámbito ha dejado claro sus implicancias para la democracia.

Así, la actual crisis policial en Chile, y su correlato en violaciones a los derechos humanos, no solamente refiere al déficit institucional, al déficit de formación y preparación o a la falta de recursos, sino que también a una lógica militar arraigada la que, adportas a la celebración de fin de año en Plaza de La Dignidad, debe ser urgentemente revisada y relegada del ejercicio policial.

FUENTE: El Mostrador