23 Ene Francisco de la Barrera realiza un balance de los incendios forestales en el Biobío y Ñuble
Foto: Cooperativa
22 de enero/ El investigador de CEDEUS Francisco de la Barrera, especialista en evaluación y gestión ambiental de paisajes y planificación territorial, entrega un análisis profundo sobre los incendios forestales que han afectado las regiones del Biobío y Ñuble, abordando factores climáticos, territoriales y normativos que explican su magnitud.
Los incendios forestales ocurridos en Ñuble y Biobío llevaron al Gobierno a declarar estado de catástrofe y a destinar tiempo y recursos extraordinarios para su contención y control. Esta decisión se tomó luego de que el fuego avanzara hacia sectores urbanos de Penco, los que terminaron totalmente arrasados. Para realizar un balance de esta situación, conversamos con el investigador asociado de CEDEUS, Francisco de la Barrera, quien, desde su experiencia en evaluación y gestión ambiental de paisajes urbanos y periurbanos, en los efectos de los cambios de uso de suelo y en el rol de la vegetación, aporta una mirada con rigor científico para comprender este fenómeno y la rápida propagación del fuego.
Propagación del fuego y climas extremos
Uno de los primeros elementos a considerar es el origen de los focos de incendio. En el caso de Penco, estos se iniciaron en sectores como Las Trinitarias, desde Concepción, y Rancho Chico, desde Hualqui, afectando posteriormente zonas urbanas. Si bien las causas aún se encuentran en investigación y se ha hablado de intencionalidad como origen del siniestro, el efecto de las pavesas fue determinante en su propagación.
A estas condiciones se sumaron factores climáticos extremos. Sobre ello, el investigador señala que “hubo temperaturas muy altas, un viento en dirección desde el continente hacia el mar, lo que hizo que el viento fuera muy seco, la humedad bajó muchísimo y eso facilita el avance del fuego”, a lo que se agrega una condición estructural del suelo y de la vegetación que favoreció el comportamiento del incendio.
Este contexto, explica De la Barrera, no es casual, sino que responde a características propias del territorio. En ese sentido, sostiene que “en esta zona predomina la vegetación y la plantación forestal, con muchas especies exóticas —como zarzamora y aromos— que sirven como combustible y facilitan la propagación de los incendios. Además, hay poca agricultura, poco bosque nativo y escasez de agua, elementos fundamentales que ayudan a ralentizar el avance del fuego”.
Dentro de este escenario, el investigador también se refiere al rol que cumplen especies como los pinos y eucaliptos, ampliamente presentes en la región. Al respecto, explica que no se trata de especies nativas, sino originarias del norte global y Australia, territorios donde los incendios forestales forman parte de los ciclos naturales y “donde naturalmente se favorecen con los incendios”. Sin embargo, advierte que “en la región son especies abundantes, lo que genera problemas en el suelo, y las acículas (hojas de los pinos) son un combustible que prende muy rápido”.
Fuego con memoria
Este tipo de eventos, sin embargo, no es nuevo en la región. De la Barrera recuerda que durante la última década se han registrado incendios de características similares, destacando el ocurrido en 2017, que afectó principalmente a la comuna de Florida con el incendio “San Antonio”, así como el registrado en 2023, cuando un incendio continuo, con múltiples focos, superó las 100 mil hectáreas quemadas, concentrando sus mayores daños en Santa Juana y Nacimiento.
En esta ocasión, CONAF estima en 15 mil las hectáreas siniestradas, aunque el investigador advierte que la cifra podría acercarse a las 20 mil, agregando que durante la temporada de verano “el número de incendios es el mismo de siempre, pero la cantidad de hectáreas quemadas esta vez fue superior, generando una propagación muy fuerte en dirección a zonas pobladas”.
“Años anteriores hemos tenido incendios que también ocurren ahí; por distintas razones no habían llegado a zonas pobladas y ahora llegó con mucha fuerza”. Esta afirmación se respalda en datos de MODIS 2000–2023 y en Cicatrices de incendios identificadas por Miradas et al. (2022), incorporadas en el Plan de Acción Regional de Cambio Climático del Biobío, que evidencian la recurrencia del fuego en el mismo sector actualmente afectado.
Las capacidades para prevenir incendios
Frente a este escenario, surge la pregunta por las capacidades del Estado para prevenir y enfrentar incendios de gran magnitud. Uno de los mecanismos más utilizados son los cortafuegos, los que buscan frenar el avance de las llamas una vez que se inician. No obstante, el investigador plantea que estas medidas resultan insuficientes ante incendios de alta intensidad. “La Municipalidad de Penco ha hecho esfuerzos por construir cortafuegos, pero lamentablemente en eventos de esta magnitud los cortafuegos no son suficientes. Hay que intervenir al menos cuatro kilómetros hacia el interior y, además, intervenir las viviendas, lo que ya es más difícil todavía; es más fácil intervenir hacia la zona rural”.
A ello se suma una brecha entre planificación e implementación. Según indica De la Barrera, “hay indicaciones y hay planes de evacuación, pero no hay recursos para implementar la instalación de letreros. Hay planes y directrices para poder identificar cuál es la zona en la cual debería hacerse un manejo de la vegetación, pero no hay cómo obligar a los privados para que lo hagan”.
En este punto, el investigador es enfático en señalar que «estas tareas sobrepasan la capacidad municipal, sobrepasan incluso las posibilidades del Estado”. Por lo mismo, recalca la importancia de la corresponsabilidad, señalando que “los privados, propietarios de ese lugar, deben ser responsables de la mantención, porque implican un costo altísimo para quienes viven cerca cuando les genera un perjuicio en caso de incendio”.
Ley de Incendios
Por este motivo, distintas autoridades han presionado para acelerar la tramitación de la Ley de Incendios en el Congreso, medida que el investigador valora positivamente, indicando que “facilita las acciones, el poder obligar a los propietarios a hacer manejo (de la vegetación), con la posibilidad de sancionarlos si no lo hacen”.
Sin embargo, advierte que “siempre nos quedamos en que la ley haga esto, haga esto otro, pero hay que poder implementar y ejecutar. Es ahí donde tenemos la gran falencia, donde las comunidades se sienten abandonadas. Hay avance legislativo, normativo e institucional, pero si eso no se traslada a la concreción de hechos materiales en el territorio, en este caso en la zona de interfaz urbano-forestal, el riesgo sigue estando”.
En la misma línea, indica que “hemos participado en procesos de estudios de riesgos de incendios, calculamos la zona interurbano-forestal para decir dónde orientar los recursos. Hemos ido haciendo la pega, hemos tenido respuesta de los municipios y del gobierno en general, pero mientras no se ejecuten, no hayan transformaciones efectivas en los territorios, lamentablemente seguimos a merced de que estas cosas vuelvan a ocurrir”.