19 Ago Xenia Fuster / Trabajadoras y trabajadores de lo común: el rol de las dirigencias vecinales en tiempos de crisis
11 de agosto/ El Sur/ La investigadora de Cedeus plantea en esta columna de opinión que, más allá de la conmemoración del Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario, es fundamental reconocer el rol insustituible de quienes trabajan por lo común: personas que, desde las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, construyen soluciones colectivas allí donde el Estado y el mercado no llegan.
Después de una larga jornada laboral -que en las grandes ciudades se torna aún más extensa por el tiempo de desplazamiento- hay quienes no vuelven a casa. Su primer destino es una sede vecinal, una plaza o una asamblea. Allí, en algún lugar del barrio, comienza su segundo trabajo: reuniones, rendiciones, contabilidad, coordinación de ayudas, atención de vecinos, resolución de conflictos, defensa del agua, de la vivienda, del territorio, y de un sinfín de causas que envuelven nuestra existencia. Son trabajadoras y trabajadores de lo común. Son servidores comunitarios, sin salario, sin vacaciones, sin horario; pero dedican tiempo, cuidados, emociones y compromisos con el colectivo. En una época donde el individualismo es una virtud y el servicio público parece vaciar de sentido, trabajar por lo común se vuelve desafiante.
El 7 de agosto se conmemora el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario. Esta fecha nos recuerda la promulgación de la Ley 16.880 de Organizaciones Comunitarias de 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En el marco de la política de Promoción Popular, dicha ley otorgó reconocimiento jurídico a organizaciones vecinales y comunitarias que funcionaban de hecho, consolidando a las Juntas de Vecinos como la base formal de la organización territorial. Todo en un contexto en que las demandas sociales comenzaron a desbordar los espacios de organización sindical, territorializando tanto las demandas como las organizaciones.
En ese contexto, la disputa por la tierra y la vivienda de los pobres urbanos y rurales redefinió la relación entre el Estado y las comunidades, develando una realidad que se vuelve innegable: las tomas de terreno y la autogestión barrial demuestran la capacidad comunitaria de generar soluciones materiales a problemas estructurales como la precariedad habitacional, la pobreza y la exclusión urbana.
A más de cinco décadas de ese hito, en un contexto estatal y económico muy distinto, pero con problemas que se vuelven recurrentes en esta primera parte del siglo XXI, las dirigencias sociales y las organizaciones comunitarias continúan cumpliendo un rol insustituible: sostener la vida donde el Estado se ha replegado y el mercado ha mostrado su incapacidad de autorregulación, y proponer nuevas formas de vida desde lo común. Por ejemplo, durante la crisis del COVID-19, miles de juntas de vecinos, comités y agrupaciones barriales se organizaron en ollas comunes, redes de cuidado, y distribución de alimentos.
Un reciente estudio de CEDEUS (2025) estima que en 2020 el número de ollas comunes en Chile alcanzó las 2.701, cuya localización coincidió con los barrios socioeconómicamente más modestos. En otros estudios sobre el terremoto y tsunami de 2010 y los aluviones de 2015, evidenciamos el rol de estas organizaciones y sus liderazgos en la gestión de la emergencia y la reconstrucción territorial.
Esta respuesta comunitaria y territorial a las crisis no es excepcional, y se debe en gran medida a dirigencias sociales, históricas y emergentes, que han asumido el cuidado comunitario en su primera, segunda o incluso- tercera jornada laboral. Por lo mismo, el reconocimiento de las dirigencias vecinales no debe limitarse a una conmemoración. Supone repensar permanentemente la democracia territorial, valorando las prácticas de cuidado, la memoria barrial y las formas de gobernanza comunitaria.
Fuente: El Sur