Imagen: Dedvi Missene13 de septiembre/ La Tercera/ En esta columna el investigador de CEDEUS, Javier Ruiz-Tagle realiza un breve análisis de la crisis habitacional en Chile y las soluciones necesarias para equilibrar el derecho a la propiedad con el derecho a la vida digna.
La informalidad habitacional tensiona dos derechos fundamentales: por un lado, el legítimo derecho de los dueños de los terrenos ocupados y, por otro, el derecho a la vivienda de miles de familias vulnerables en riesgo de ser desalojadas. Ante este dilema, distintos gobiernos han postergado soluciones de fondo.
Chile ya conoció dos caminos de intervención: la represión dictatorial, propia de los 80 -que frenó las nuevas tomas y multiplicó el allegamiento-, y la producción masiva de viviendas en los 90, que redujo el déficit y desincentivó nuevas ocupaciones, pero generó grandes problemas de calidad. Desde mediados de los 2000 esa producción cayó drásticamente, alimentando el inmenso déficit actual. Hoy, el Plan de Emergencia Habitacional logra subir el nivel de producción, pero apenas alcanza las 65 mil viviendas subsidiadas al año, lejos de las 170 mil necesarias para igualar el ritmo de construcción de los 90.
Además, la Ley de Usurpaciones reinstala la lógica represiva, multiplicando desalojos sin que exista suficiente oferta de viviendas. Por lo mismo, el caso del macrocampamento de San Antonio anticipa una crisis humanitaria de proporciones.
La experiencia internacional indica que no existe una única salida. Ante la actual crisis se requiere producir vivienda de forma masiva y en múltiples formatos, comprometer el trabajo intersectorial, ampliar los mecanismos de gestión de suelo y tomar medidas proporcionales contra quienes irresponsablemente lucran con la necesidad de las familias en campamentos. A lo anterior se debe sumar la formalización de campamentos, que permite mejorar barrios sin romper redes sociales. Esta alternativa es muy valorada por los residentes, pero no puede ser la única, pues genera incentivos a nuevas tomas.
Por último, si la renovación del Plan de Emergencia Habitacional, actualmente en discusión en el Congreso, logra avanzar en esa dirección, Chile podrá reducir el déficit y alejarnos de la posibilidad de desalojar a miles de familias a la calle.
Sandra Cortés
