Imagen: MMA22 de septiembre/ La Tercera/ En esta columna los investigadores CEDEUS abordan la densificación vehicular en los centros urbanos, que generan externalidades negativas incluso en quienes no se movilizan en auto.
La congestión vehicular es un problema presente en la gran mayoría de las ciudades y que va empeorando con el tiempo. Un estudio para Santiago (Rizzi y de la Maza, 2017) determinó que los costos en congestión por el uso del auto en la hora punta son de aproximadamente 400 pesos por kilómetro recorrido, lo que se traduce en un costo social total de aproximadamente 6.000 millones de pesos al día. Este costo lo experimentan todos los usuarios del sistema de transporte, incluso quienes no se mueven en auto.
La congestión es un ejemplo clásico de lo que en economía se conoce como externalidad negativa: un costo asociado a una actividad que se genera por quienes la desarrollan, pero que afecta a otros actores, y para la que no existen señales de mercado (ej. precios) que transfieran estos costos a quienes los generan. En otras palabras, el problema es que la actividad (en este caso moverse en auto) se percibe artificialmente barata. Por esta misma razón, aumentar la capacidad vial no es una medida que, por sí sola, disminuya la congestión en el mediano o largo plazo.
La tarificación vial es una política pública que permite enfrentar el problema y que se ha implementado en ciudades como Singapur, Estocolmo, Milán, Nueva York o Londres. En esta última, donde la medida existe desde 2003, actualmente se cobra un pase diario de £15 (unos 15 mil pesos) por ingresar al centro. La medida trajo una reducción de la congestión en 30%, de los accidentes en 35% y de la contaminación en 20%, además de ingresos que se reinvierten en mantener y mejorar el transporte público.
Si bien esta medida se ha propuesto numerosas veces para Santiago, enfrenta obvias dificultades políticas para implementarse, pero es técnicamente factible y evidentemente necesaria. Avanzar hacia ciudades sostenibles requiere pensar seriamente en cobrar los costos sociales a quienes los generan, lo que no solo corrige una falla de mercado o una injusticia, sino que además libera espacio para otros modos y para desarrollar las actividades que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida.
Paulina Véjar
