La Tercera / 04 de diciembre 2020 / Juan Carlos Muñoz, académico del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica y director de CEDEUS, junto a Carlos Melo, académico de la Universidad San Sebastián, plantean en esta columna la desigual relación que existe entre el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte en las ciudades y la desigualdad territorial que estos significan para comunas con inmobiliario urbano de baja calidad.
La complejidad de nuestras ciudades exige crecientemente el desarrollo de proyectos de infraestructura que son necesarios para la metrópoli en su conjunto, pero que pueden generar efectos indeseados allí donde se instalen. En general el Estado, con una lógica de minimizar los costos de dichos proyectos, suele localizar estas infraestructuras en áreas de la ciudad donde el valor del suelo es menor. Esto, evidentemente potencia el deterioro urbano de dichas áreas y consolida la desigualdad territorial.
A modo de ejemplo, tomemos la nueva línea 7 del Metro que une Renca y Vitacura/Las Condes. El proyecto requiere instalar cocheras para operar, siendo esta una típica infraestructura que nadie quiere tener de vecina. ¿Dónde se instalan esas cocheras? Allí donde es más económico el terreno. Si bien esto favorece que el proyecto completo se realice, se ajusta a una lógica que perpetúa que este tipo de infraestructuras se instalen en sectores de bajos ingresos, disminuyendo el atractivo desarrollo inmobiliario y plusvalías que una línea de Metro genera.
¿No sería mejor que el Estado genere por ejemplo una compensación para la comuna afectada, que le permita distribuir esos fondos en otros proyectos comunales, de modo que absorber este mal urbano sea más digerible?
Caso similar ocurre con las servidumbres de paso, por las que Metro debe pagar a todas las propiedades a lo largo del trazado cuando el proyecto utilice su subsuelo. Estas propiedades, que verán aumentado su valor producto de la llegada de Metro, reciben además una compensación por el derecho a construir en su subsuelo. Este pago corresponde a aproximadamente un 10% a 12% del valor comercial de la superficie afectada. Es decir, en su paso por Providencia, Vitacura y Las Condes, Metro tendría que compensar a las propiedades afectadas por un valor por metro cuadrado sustancialmente mayor que en Renca.
¿No sería más equitativo proponer que se determine un valor idéntico para cualquier propiedad en suelo urbano, independiente de su valor comercial?
Metro es, sin ninguna duda, un motor que impulsa la calidad de vida de la ciudad. Pero su impacto no debe ceñirse exclusivamente a la movilidad. Pocas veces el Estado tiene la oportunidad de intervenir con tanta fuerza en comunas con inmobiliario urbano de muy baja calidad como Quilicura, Renca o El Bosque. Estos proyectos presentan una oportunidad para impulsar un mejor estándar urbano también. Nuestro Estado no puede seguir abordando estos desafíos ignorando sus efectos en la desigualdad urbana.
Debiéramos generar herramientas para compensar los posibles efectos indeseados y propulsar que los sectores de bajo ingreso vean mejorada sustancialmente la calidad del espacio urbano, al punto que sea atractivo invertir allí con oportunidades de empleo y servicios. Solo así, sus habitantes no tendrán que viajar diariamente 90 minutos para alcanzar estas oportunidades en el sector oriente.
Paulina Véjar
Leonardo Romero
