Diario El Sur / 06 de diciembre 2020/ Juan Antonio Carrasco, investigador de CEDEUS y director del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Concepción, plantea en esta columna la necesidad de comprender los accidentes de tránsito como un problema de salud pública que afecta mayormente a los/as ciclistas en todo Chile.
¿Por qué llamamos “accidentes de tránsitos” a los siniestros viales de choques y atropellos? La distinción no es meramente semántica, sino que clave para nuestra vida cotidiana, pues sitúa a los muchos muertos y heridos que ocurren en nuestro país, no como costos inevitables de la vida en ciudad, sino como un problema grave de salud pública, que debe ser enfrentado y corregido.
El discurso público ha ignorado este tema, quizás acostumbrado a estos siniestros. Sin embargo, el reciente aumento de muertes de ciclistas ha generado preocupación, considerando que la menor congestión vehicular en la pandemia ha posiblemente permitido una mayor velocidad de circulación. Si bien algunos responsabilizan al aumento de ciclistas en nuestras calles, los datos son claros y contundentes: la principal causa de muertes y heridos por siniestros viales en Chile se debe a la imprudencia de quienes conducen vehículos motorizados. Lo anterior no es sorpresa cuando se considera que un atropello a 65 km/h equivale a arrojar a una persona desde un piso 6 (con una probabilidad de 9 en 10 de morir), versus un atropello a 30 km/h, que equivale a hacerlo desde un piso 2 (con una probabilidad de menos de 1 en 5 de morir).
Por ello, quienes manejan vehículos motorizados, que pesan más de una tonelada, tienen mucha más responsabilidad al circular en nuestras calles en comparación a peatones y ciclistas. Lo anterior no implica que peatones y ciclistas no deban respetar las leyes del tránsito; la prevención por parte de ellos es también clave. Sin embargo, centrar los esfuerzos en su auto-cuidado es una forma de responsabilizar a los más débiles, y que mayoritariamente son las víctimas.
El foco urgente debe estar en una mayor educación al conductor, fiscalizando férreamente el cumplimiento de velocidades máximas y de la Ley de Convivencia Vial, incluyendo el adelantamiento a más de un metro y medio en velocidad prudente, y el respeto a las preferencias de movimiento en intersecciones. Aún más, se requieren políticas más intensivas que las actuales para que nuestras ciudades sean espacios seguros para peatones y ciclistas, proveyendo de la infraestructura necesaria para emparejar la cancha, pues las muertes y heridos viales no son accidentes, sino tragedias que con urgencia debemos evitar, en el Gran Concepción y también con perspectiva nacional.
Fuente: Diario El Sur.
Paulina Véjar
Leonardo Romero
