Pacto social en transporte: Un debate para expertos y no solo especialistas

Edición 100 años Diario El Sur / 30 de noviembre de 2019 / Columna de opinión del investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y académico de Ingeniería UdeC.

La actual crisis que enfrentamos como país ha permitido replantear muchas de las discusiones previas nacionales y locales respecto a transporte y ciudad. Este proceso es importante porque permite abrir espacios de discusión que generalmente han estado cerrados a “expertos” y “tomadores de decisión”, y muy poco abiertos a todos quienes vivimos y nos movemos en la ciudad. Para todos parece evidente que debemos discutir de una “nueva” manera nuestra ciudad y sistema transporte, precisamente en un contexto en donde nos encontramos debatiendo fundamentos claves de nuestra sociedad.

En ese sentido, la “solución” a los problemas de movilidad requiere cimentarse en un pacto social en transporte y ciudad, que permita definir claramente derechos y deberes en torno a nuestro territorio. En particular, el sistema de transporte depende de la localización de las actividades de la ciudad, y por lo tanto, no podemos entenderlo sin tener una visión de la ciudad que queremos. Lo anterior requiere replantear el rol de Estado en la planificación de nuestras ciudades, y qué regulaciones son necesarias para que crezcan armónicamente, promoviendo la sustentabilidad social, ambiental y económica. El sistema de transporte debe convertirse en un medio para que todos quienes vivan en nuestras ciudades puedan ejercer el derecho a realizar sus actividades cotidianas y, finalmente, a participar en nuestra sociedad con una adecuada calidad de vida.

Lo anterior también cuestiona fuertemente que el derecho a la ciudad y al transporte requiera como principal política construir más infraestructura. La experiencia nuestra y de otras ciudades muestra que más infraestructura no conlleva necesariamente de más equidad social si no se plantea en un contexto más amplio. Por ejemplo, el bien más importante de nuestras ciudades es el espacio urbano y, por lo tanto, una parte clave de este pacto social requiere repensar cómo estamos ocupando ese espacio urbano a la escala local. En particular, desde una perspectiva de equidad y derechos, es relevante cuestionarnos si es socialmente justa y adecuada la actual repartición del espacio urbano para peatones, ciclistas y usuarios de transporte público versus el automóvil. Esta mirada también replantea qué infraestructura es urgente y cuál no lo es. Por ejemplo, tenemos un importante debate que hacer respecto a si la inversión de un metro es más conveniente que ocupar la mitad de esos recursos para triplicar la totalidad de vías exclusivas de transporte público o invertir en crear una real red de ciclovías y facilidades de buena calidad para los peatones. Otro ejemplo fundamental es discutir cuánto impacta realmente al derecho a la ciudad dedicarle nuevas vías y más inversión al automóvil versus el transporte público, y qué prioridad tiene la infraestructura para camiones en relación al tren, considerando en ambos casos la equidad social y la crisis climática actual.

Este debate no es técnico, sino que de todos quienes vivimos en la ciudad. Por lo mismo, es importante transparentar que existen visiones e intereses que, pudiendo ser legítimos, pueden ser contrapuestos. En ese sentido, el deber de la academia es promover espacios de encuentro para discutir qué visión de ciudad tenemos, aportando con datos y experiencias, pero entendiendo que académicos y técnicos somos solo especialistas, y que los expertos y quienes tienen derecho a  la ciudad son todos quienes viven y se mueven a diario en ella.