La propuesta de exigir inscripción previa y chalecos reflectantes con un código identificatorio a ciclistas que suben el cerro San Cristóbal no sólo es desproporcionada e ineficaz; también amenaza garantías constitucionales, desconoce la legislación vigente y no resiste análisis desde le punto de vista operativo.
Pretender resolver los supuestos problemas de convivencia vial en el parque con chalecos y registros, revela no sólo un error de diagnóstico sino un claro desconocimiento de las herramientas disponibles para abordarlo. Vamos por parte.
El Parque Metropolitano es un bien nacional de uso público. Condicionar su ingreso a un empadronamiento exclusivo para ciclistas es una discriminación arbitraria (Artículo 19 N°2 de la Constitución), que impone una barrera de entrada a un grupo específico.
¿Eso presupone que ante un accidente el responsable siempre es quien va en bicicleta? ¿Por qué no exigir un código para peatones también? Incluso para mascotas.
Fuera de bromas, en Chile rige el principio de reserva legal y la normativa superior que regula nuestras calles -la Ley de Tránsito- no exige empadronamiento ni patente a los ciclos.
Un reglamento interno de Parquemet, o un decreto ministerial, no tiene las facultades para pasar por encima de una ley e inventar una "patente de facto" para restringir el acceso a un espacio público.
El argumento de que este código en la espalda permitirá multar a quienes exceden la velocidad es falaz: las infracciones de tránsito deben ser cursadas in fraganti por un carabinero o inspector municipal. Un guardia del parque anotando un código -o un registro de video- no tiene validez legal alguna para cursar una multa ex post.
En definitiva, la medida es ilegal, probablemente inconstitucional y seguramente será objetada por la Contraloría.
Más allá del marco jurídico, la medida es logísticamente impracticable y roza lo absurdo. Controlar con un chaleco numerado a los miles de ciclistas que suben un fin de semana haría colapsar por completo los accesos, pero además: ¿Qué impediría que una persona simplemente se quite el chaleco tras cruzar la portería?
La exigencia, además ignora cómo se vive realmente la ciudad: ¿Qué ocurre con un turista que arrienda una bici por el día, o con alguien que sube un domingo con su hijo de improviso? ¿Los menores de edad también deberán empadronarse?
Condicionar el acceso mediante trámites levanta barreras artificiales que erosionan el uso espontáneo de un bien público.
¿Qué Medidas podría tomar Parquemet en el San Cristóbal?
Parquemet debería liberar los datos de registro de accidentes para opinar con propiedad, pero todo indica que los problemas de seguridad no están asociados a la velocidad en momentos de baja afluencia, sino a maniobras imprudentes por parte de usuarios poco experimentados en momentos de alta fricción.
Para esto el parque no ha tomado medidas acertadas, que aún pueden ser mejoradas: separación de flujos (senderos o vías exclusivas para peatones); implementación de chicanas temporales y otros reductores de velocidad; y restricción al acceso de ciclistas a la Virgen después de las 13:30 horas. Estas medidas pueden ser expandidas, revisadas y complementadas, pero funcionan. Prueba de ello es que los accidentes bajaron un 38% el año pasado, según reporta el propio Parquemet.
Finalmente, este enfoque envía una pésima señal política en un país donde la mitad de la población se declara inactiva, tres de cada cuatro personas tienen sobrepeso y que, además, lidera los índices regionales de sedentarismo y obesidad infantil.
Una ciudad saludable se alcanza facilitando las opciones para la actividad física, no limitándolas con reglamentos absurdos que operan desde la improvisación y el desconocimiento, tanto del problema que se busca resolver como de las herramientas disponibles para hacerlo.
Fuente: Santiago Adicto
Alejandra Inostroza
Leonardo Romero
Maureen Trebilcock
