Por Jonathan Barton / Director del CEDEUS e investigador principal del cluster Planificación Integrada.
Chile ha vuelto a las políticas estatales después de varias décadas de gestión sin estrategia. El supuesto de que la planificación no es necesaria debido a la distribución eficaz de recursos por el mercado, ya no resiste análisis. De la misma forma que las empresas –los motores de los mercados– planifican, el Estado también lo debe hacer y, desde ahí, gestionar. Tal vez por estas preocupaciones del privado para planificar y asegurar su segmento del mercado, surgió el interés en políticas estatales por parte de un gobierno de la derecha, en particular en políticas territoriales. En 2014 fue aprobada la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y la Política Nacional de Desarrollo Rural, mientras que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) fijó las bases para una Política Nacional de Desarrollo Regional. El gobierno de Michelle Bachelet ha seguido con ese último proceso, generado el cauce para construir una agenda de descentralización regional.
Debido a la concentración poblacional de las ciudades en Chile, estas políticas traen impactos fuertemente cruzados. Todo apunta a reconfiguraciones territoriales donde las urbes tendrían funciones de articulación regional y provincial, generando nuevas lógicas territoriales que rompen con la hegemónica centrada en la primacía del Área Metropolitana de Santiago. Este hub concentra administración y servicios mientras que las 14 regiones restantes generan recursos diversos (materia prima, recursos financieros, capital humano, etc.) para alimentarlo, generando fuertes desigualdades territoriales en el proceso. La PNDU y la descentralización buscan reconocer las vocaciones territoriales y las capacidades de articulación de estos asentamientos, para atraer y aterrizar beneficios y combatir lo que Tom Nairn describiría como el ‘colonialismo interno’ o lo que André Gunder Frank reconoce como la relación de dependencia entre centro y periferia.
Con herramientas sectoriales y territoriales convencionales, con instrumentos emergentes como la Evaluación Ambiental Estratégica y los Planes de Ordenamiento Territorial, y con mayor movilización de la ciudadanía desde Punta Arenas y Coyhaique hasta Calama y Tocopilla reclamando mejores ciudades para fortalecer su calidad de vida, hay un rol vital de coordinación. En este marco, es evidente que la articulación entre las políticas territoriales se hace evidente, y que las ciudades se planifican en armonía con sus entornos rurales, dentro de lógicas regionales concretas. El Comité de Ministros para la Sustentabilidad debe pronunciarse en materia territorial y reforzar el Comité Inter-Ministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, para asegurar sinergias positivas entre la PNDU, la descentralización y las nuevas estrategias de desarrollo rural y áreas protegidas (como con el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas ad portas).
Chile es un país urbano, de urbanitas más que de campesinos. Como consecuencia es clave que las iniciativas territoriales se vayan hilando y coordinando, para crear ciudades capaces de generar mayor autonomía y mayor protagonismo en la articulación de sus localidades y regiones. Un Chile descentralizado sería un Chile de múltiples hubs urbanos y diversas articulaciones inter y intra-regionales, con una dilución importante de la primacía de Santiago.
Leonardo Romero
Paulina Véjar
