Manifestaciones en Portal La Dehesa: desnudando el rostro clasista y abusivo de la elite

El Mostrador/ 26 de Noviembre de 2019/ Columna de Opinión del Investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y académico UC, Javier Ruiz-Tagle.

Ayer domingo 24 de noviembre un grupo de manifestantes tuvo la valentía de ir a tocar sus cacerolas al centro comercial Portal La Dehesa, lugar neurálgico de la elite más acaudalada de Santiago. Los epítetos que recibieron los manifestantes en el lugar, grabados en varios videos, no fueron dignos de la gente que supuestamente recibe la mejor educación de Chile, y mostraron la cara más verídica del clasismo de esa elite: “vayan a trabajar”, “váyanse de acá”, “quieren todo gratis”, “váyanse, rotos de mierda”, “ándate de acá, hueona de mierda”, “ándate a trabajar, floja”, “flojos de mierda”, «miren los atorrantes…», «roto de mierda, hueón, picante, flaite…», «ahí te grabé, cuma culiao… ándate a tu población de mierda, roto conchetumadre…».

Detrás del simbolismo del lenguaje que aflora en estas circunstancias, hay una gran cantidad de hechos que vale la pena destacar. Aquella elite diría que se ha enriquecido con mucho esfuerzo, sobre todo aquellos que no son hijos de grandes empresarios. Sin embargo, buena parte de ese enriquecimiento se debe a prácticas fraudulentas, evasivas y/o abusivas. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted por qué en los supermercados del barrio alto abundan las cajas que reciben facturas, mientras que en otros barrios hay solo una caja, o simplemente no las hay?

En 2017 el Servicio de Impuestos Internos investigó el comportamiento de 174.677 contribuyentes por sus compras en supermercados, identificando la emisión de 1.018.148 facturas, asociadas a un NO pago de IVA que asciende a $21 mil millones de ese año (ver noticia en La Tercera, “Boleta o factura…”, del 20/09/2017). Esto es, US$33 millones en solo un mes. Estos pagos con facturas corresponden a artículos que no están relacionadas con el rubro de las empresas de dichos consumidores: licores, pañales y artículos de bebé, vestuario, alimento para mascotas, témperas e insumos escolares, entre otros. Para que el(la) lector(a) se haga una idea, en un año esto equivaldría a U$396 millones, lo que supera el costo de la reparación por los daños de todas las estaciones del metro en octubre de este año.

Dicho en palabras simples, esto es un robo que se le hace al Estado todos los días, en los supermercados del barrio alto: un saqueo en los supermercados. Y no ocurre solo ahí: se compran tortas de cumpleaños en pastelerías, se pagan cuentas de restaurantes hasta en los días domingo, se llenan estanques de bencina entregando la patente de otro auto, y se pagan hasta las vacaciones en el extranjero. Todo descontando el 19% del valor (el IVA), que debería ir a las arcas fiscales y debería servir para financiar el bienestar de todos los chilenos.

Cuando los hijos de esta elite quieren trabajar, esforzarse y financiar sus vacaciones, los vemos frecuentemente vendiendo frutillas o frambuesas “de exportación” en las esquinas de aquellos barrios. Lo de “de exportación” no sería difícil imaginar de dónde proviene (¿el campo de sus padres?). Pero, ¿dónde están pagando sus impuestos estos jóvenes?, ¿pagan patente comercial por las ventas que tienen?, ¿los persiguen por ser vendedores ambulantes? Lo peor de todo, es que en esas mismas comunas empezó la persecución más abusiva contra los trabajadores informales “limpiavidrios”: a ellos no se les permitió trabajar sin pagar impuestos y se les trató de ladrones y delincuentes.

¿Qué ocurre con las viviendas de esta elite en La Dehesa o en otros lugares de Chile? En julio de este año, un reportaje de «Informe Especial» dio a conocer algo que en los estudios urbanos se viene investigando hace rato: terrenos carísimos calificados como agrícolas (sin tener la actividad declarada), lotes con mansiones que son declarados como eriazos (sin recepción municipal), entre otros.

Las contribuciones a los bienes raíces corresponden a los impuestos que gravan a terrenos y construcciones de todo el país, en áreas urbanas y rurales, y que sirven para que los municipios financien diversas obras públicas. En aquel reportaje se describió que, una vivienda de 1800 m2 declarada como “agrícola” en Vitacura (equivalente a la superficie de 33 viviendas sociales), paga solo $566 mil en contribuciones cada trimestre. Pero un terreno de esas características y en esa localización, debería pagar de contribuciones de entre 2 millones y 733 millones al año dependiendo de su construcción. La investigación mostró que hay cerca de 3.500 terrenos en Chile con edificaciones en su interior, que el SII considera como sitios eriazos, con lo cual el Estado pierde miles de millones de pesos en contribuciones no pagadas. De hecho, hay cuatro comunas que aportan al Fondo Común Municipal desde sus ingresos por contribuciones: Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, por lo que el no pago de estas afecta a todas las comunas que dependen de ese fondo.

¿Dónde más no se pagan contribuciones?: en predios declarados como «agrícolas» que deben ser cambiados a la serie «no agrícola» del SII (decenas de miles de parcelas de agrado), en viviendas carísimas de 140 m2 a las que se les exime el 50% de sus contribuciones por 10 años (por supuestamente tratarse de viviendas «económicas», según el DFL2), y lo más masivo, los llamados «nanodepartamentos» que se compran como inversión y por los cuales no se pagan contribuciones porque la ley de impuesto territorial asume que, al ser pequeños, sus dueños deberían ser pobres.

Según nuestras investigaciones, una sola persona compró 222 de esas viviendas exentas de impuestos por avalúo fiscal inferior a $33 millones, solo en 2016. Con una renta anual de 5% por esos departamentos, el dueño tiene un negocio con utilidades anuales de más de $700 millones de pesos, y paga cero impuestos al Estado. Y además, los que arriendan sus departamentos pagan rentas carísimas y soportan una calidad de vida deplorable. Calculando la suma de las contribuciones no pagadas de las viviendas “de inversión” (exentas de impuesto territorial) en cuatro años, estimamos un total de U$1.352 millones, lo que equivale a 107 mil pensiones básicas solidarias mensuales, 34 mil viviendas sociales, 417 consultorios, 99 escuelas públicas, 12 kilómetros de la red de metro (una línea entera), 8 hospitales, o la mitad de lo que vale el tren de alta velocidad de Santiago a Valparaíso.

Con ese tipo de negocios, entonces, los dueños de estas viviendas se hacen más ricos, todos los chilenos nos hacemos más pobres, y así van creciendo las desigualdades. Claramente no es solo “esfuerzo” de parte de esta elite, y claramente no es solo la “envidia” de parte de los manifestantes que fueron al Portal La Dehesa. Aquellos que viajan 2 o 3 horas para llegar a sus puestos de trabajo son tratados de “flojos” y de que “quieren todo gratis”, justamente por quienes abusan constantemente del Estado y tienen negocios por los que pagan poco o nada. Así, vivimos en un sistema altamente abusivo, con un enriquecimiento ilícito y/o moralmente ilegítimo, de nuestras elites.

FUENTE: EL MOSTRADOR