Imagen: Gob.cl[/caption]12 de agosto/Los investigadores CEDEUS Cristián Henríquez y Alejandra Rasse entregan su visión sobre esta propuesta, conocida también como Ley de Parcelaciones.
A fines de junio, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley para la “Protección del territorio y la vida rural”, conocido también como Ley de Parcelaciones. La propuesta plantea una serie de medidas que buscan proteger a las personas de estafas o ventas de terrenos donde no se puede construir ni contar con acceso a agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito, y de la pérdida de suelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria.
La iniciativa busca “reconocer y distinguir las actividades que tienen fines propiamente silvoagropecuarios de aquellas preferentemente inmobiliarias o habitacionales, permitiendo dotar a cada una con un tratamiento acorde a su naturaleza y realidad”. Sin embargo, para el investigador CEDEUS Cristián Henríquez esto presenta una contradicción con la mención a “vida rural” en el título de este proyecto.
“No se observa una propuesta que ayude directamente a proteger, valorar y salvaguardar la vida rural de asentamientos rurales existentes. De tal forma, no se aborda la protección de elementos vinculados a las tradiciones, valor histórico, prácticas espaciales, folklore, comunidades indígenas y todo tipo de manifestaciones culturales, sociales, etnográficas y humanas que están amenazadas fuertemente por transformaciones socioeconómicas en el medio rural”, comentó el investigador.
Henríquez agregó que esta es una regulación enfocada en proyectos, ya que no posee “una visión escalar de mayor alcance”.
“Va a seguir fragmentado y desarticulando el territorio, especialmente frente a una urgente necesidad de aplicar visión integrada de la planificación territorio urbano, rural y natural, mediante una zonificación que vele por lograr una mejor calidad de vida rural y protección de la naturaleza”.
La investigadora principal de CEDEUS Alejandra Rasse valoró que el proyecto de ley aborde una temática relevante y que se presenta a lo largo de todo el país, pero también señaló sus debilidades, reiterando la fragmentación.
“La propuesta representa un avance al generar un marco de formalidad al respecto, asegurar estándares mínimos, y proponer un actor responsable de velar por un uso apropiado del suelo de acuerdo a sus características. Sin embargo, presenta también debilidades. Por una parte, lo que se presenta es un marco de condiciones bajo las cuales se puede desarrollar el suelo rural como residencial, sin embargo, esto no responde propiamente a la necesidad de planificación del territorio que estas zonas requieren. En este sentido, la figura presentada se asemeja al desarrollo por condiciones, lo que si bien asegura estándares mínimos, no previene otras problemáticas como la fragmentación, la segregación, problemáticas de movilidad, entre muchas otras”, indicó la investigadora.
Por otro lado, Alejandra Rasse también indicó que en la propuesta “cobra centralidad la figura del SAG, sobre el cual recae gran parte de la toma de decisiones”. En este sentido “más que proponer una institucionalidad para la planificación y gestión del uso del suelo rural, la responsabilidad recae sobre un único actor, cuyo foco principal no han sido las formas de ocupación del suelo ni la planificación territorial”.
La investigadora principal de CEDEUS concluyó que “si bien se presentan avances en un asunto crítico, resulta fundamental avanzar de forma más decidida hacia la promoción de la planificación del territorio rural, con una institucionalidad que sostenga dichos procesos, y que permita fortalecer tanto los territorios como los municipios”.
Leonardo Romero
