02 May Hugo Silva/Regulación de Uber y otras plataformas tecnológicas
(c) Mario Roberto Durán Ortiz (Flickr)
Hugo Silva / Investigador del cluster Acceso y Movilidad
En los últimos días se ha generado un necesario debate sobre si permitir servicios tipo Uber, plataformas tecnológicas de servicios remunerados de transporte, como alternativa a los taxis y cómo hacerlo. La respuesta a la primera pregunta parece ser evidente: no es razonable no adaptar la regulación para permitir la operación de una firma que, muchas veces, ofrece un mejor servicio a los usuarios y a un menor precio. Sobre cómo realizarlo, hay varios aspectos a considerar que, de alguna manera, ya han sido mencionados en la discusión en curso. Primero, estas plataformas tecnológicas (Uber, Cabify y otros) no pagan impuestos en Chile ni se acogen a las leyes laborales del país. Segundo, compiten en el mismo mercado que los taxis, bajo regulaciones muy diferentes. Tercero, no hay ningún control de estándares de servicio y seguridad. Es evidente que estos temas deben ser resueltos en una nueva normativa.
Sin embargo, hasta ahora se ha omitido un tema muy relevante para la ciudad: la congestión y la contaminación. En el caso de los taxis que circulan en las calles buscando pasajeros, la experiencia internacional muestra que en la mayoría de los lugares donde se ha desregulado el mercado, se produce una sobreoferta de vehículos que genera mayor contaminación y congestión. Además, lleva a un menor margen de ganancias para taxistas, lo que conduce a un deterioro en la calidad y seguridad del servicio. Como referencia, la gran mayoría de las ciudades de Estados Unidos que desregularon el mercado de taxis entre los años 60 y 80 volvieron a regularlo unos años después.
Un gran desafío de una nueva normativa es definir cómo controlar el parque de taxis y vehículos que operan a través de estas plataformas para que no haya una sobreoferta y un aumento excesivo de la contaminación y la congestión. Una opción es fijar un total de permisos, repartirlos y que se transen en el mercado (similar al caso actual de los taxis en Santiago). Otra alternativa es licitar permisos a conductores y empresas (incluyendo a las plataformas tecnológicas) replicando el modelo de los taxis colectivos. También podría establecerse un cobro para poder entrar al mercado y fijar los precios que se le puede cobrar a los pasajeros. En cualquier caso, sería deseable flexibilizar el sistema de permisos o precios de manera que éste pudiera responder de forma distinta, con una regla definida, a circunstancias especiales. Por ejemplo, podría haber un número total de permisos para operar en todo momento y otro número total de permisos que solo pueden ser usados en situaciones poco usuales de muy alta demanda. Así, en los fines de semana, cuando hay festivales y conciertos, en fiestas patrias, en año nuevo, y en otras ocasiones donde normalmente hay un exceso de demanda por taxis y escasez de transporte público, habría flexibilidad para que más vehículos presten servicios de transporte de manera legal.
Otro desafío importante está relacionado con el poder de mercado. Un nuevo marco regulatorio debe tomar en cuenta que estos agentes reaccionan distinto a los mismos incentivos. Uber tiene una fracción importante del mercado, actualmente hay más de 20 mil usuarios registrados, lo que es bastante cercano a los 24 mil taxis ya registrados en la Región Metropolitana. El nuevo sistema normativo, además de preocuparse del parque vehicular total y de los precios, debe fomentar la competencia entre los sistemas y reconocer que puede ser positivo que hayan firmas grandes con un uso más eficiente de los recursos. Pero, al mismo tiempo, debe evitar que la concentración de mercado se traduzca en precios altos y disminuya el bienestar de los consumidores. Finalmente, debe considerar que muchos taxistas ya han invertido una suma importante de dinero en el permiso (sobre 10 millones de pesos) y que este alto precio de la licencia es, en parte, producto de una política de regulación del estado. Al aparecer estas plataformas innovadoras, se produce una brusca devaluación de la licencia, lo que hace razonable pensar que los taxistas deben ser compensados por el Estado dentro de la nueva norma.
Por otro lado, la nueva normativa presenta una gran oportunidad para fomentar en los taxis algunos de los beneficios que traen esta plataformas: promover la opción de pago electrónico con tarjeta; implementar un sistema que permita reducir los costos de búsqueda a través de GPS; lograr una mejor regulación del uso de infraestructura diseñada para buses por parte de los taxis o mejorar la normativa de fiscalización y hacer factible sanciones para taxistas que cometan faltas. También es una buena oportunidad para reflexionar sobre el tamaño del parque vehicular asociado a este tipo de servicios, que está congelado desde 1998. Es difícil argumentar que el parque vehicular que se estableció 18 años atrás es lo que hoy y en el futuro necesitamos. Por último, la nueva normativa presenta una oportunidad para implementar un principio de no discriminación. Muchas veces ocurre que viajes poco rentables son rechazados por taxistas, y esto es algo que estas plataformas tecnológicas permiten hacer también y tal vez con mayor facilidad, especialmente a través de una discriminación geográfica. Nuevamente, hay una oportunidad de mejora si se logra que el servicio de transporte sea entregado a cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio, independiente del largo y del origen del viaje.
Es un gran desafío con muchas oportunidades.