El Desconcierto / 21 de junio 2020 / Los popularmente denominados “Bloques de Lata” de San Pedro de la Paz, albergan a 120 familias en condiciones de alta precariedad. La crisis económica derivada del Covid-19 ha agudizado la situación de las familias y, al igual que en muchas otras poblaciones del país, el hambre se ha convertido en la cara más dura de la pandemia. En la columna de Katia Valenzuela, académica de la Facultad de Ciencias Ambientales UdeC e investigadora de CEDEUS.
Hace unos días, el entonces Ministro de Salud Jaime Mañalich, generó polémicas al afirmar que no tenía conciencia de la magnitud de los niveles de hacinamiento y pobreza existentes en un sector de Santiago. A esta noticia se sumó el reciente enroque en el gabinete, en donde Cristián Monckeberg abandonó la cartera de Vivienda para asumir como Ministro de Desarrollo Social. Monckeberg, el ahora ministro, que en 2018 señalaba que en Chile la gran mayoría de la población era propietaria de una casa o “dos” departamentos.Estos diagnósticos equívocos de la realidad nacional se complementan con la impronta neoliberal del gobierno de turno, que rehúye de un Estado garante de derechos y protege el libre mercado en todas las áreas posibles. Segregación residencial, precariedad y exclusión social, son algunos de los efectos directos emanados de las políticas neoliberales implementadas hasta la fecha, problemas que se han visto agudizados con la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 en Chile.Un claro ejemplo está en el borde costero de San Pedro de la Paz en el área metropolitana de Concepción. Este sector, ha recibido por décadas a familias vulnerables provenientes de diversos lugares de la región del Biobío, en viviendas de baja calidad constructiva, en barrios desprovistos de servicios, equipamiento y áreas verdes. Basta recordar el conjunto habitacional Michaihue 600, con 30 torres de viviendas sociales en altura, conocido popularmente como los “Bloques de Lata”.A poco tiempo de entregadas, las viviendas presentaron una serie de deficiencias como filtraciones, óxido, voladuras de techos, entre otras. Diez años después, tras el terremoto del 27-F, estas torres se declararon inhabitables por su grave estado de deterioro, iniciándose un largo proceso de demolición. No obstante, los edificios pendientes de demoler comenzaron nuevamente a ser ocupados por familias trabajadoras y migrantes ante la falta de solución habitacional concreta.Contrario a la ilusión del Ministro Monckeberg, que pareciera ver la “segunda vivienda” como común en Chile, las cifras actuales revelan un panorama desalentador donde la casa propia sigue siendo inaccesible para miles de familias alrededor de nuestro país. De acuerdo al Censo 2017, Chile tiene un déficit habitacional de más de 390 mil viviendas, además de un 7,3% de hacinamiento a nivel nacional. A estos antecedentes se suma el incremento de un 22% en la creación de nuevos campamentos en comparación al 2011, contabilizando al 2019 un total de 47.050 hogares viviendo en asentamientos precarios, cifra similar a la que existía en Chile a mediados de los ochenta.Los “bloques de lata” de San Pedro de la Paz hoy albergan a 120 familias en condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad. Actualmente conviven con plagas de ratones, murciélagos y moscas, que amenazan la salud de todos los habitantes del sector. Asimismo, la crisis económica derivada del Covid-19 ha agudizado aún más la precariedad de las familias, y, al igual que en muchas poblaciones del país, el hambre se ha convertido en una de las caras más duras de la pandemia.Frente a este complejo escenario, las y los pobladores han denunciado el abandono del gobierno central y municipal, y bajo el lema de “sólo el pueblo ayuda al pueblo” cuatro organizaciones territoriales han comenzado a articularse para dar respuesta a sus necesidades. Los nacientes Comité “La Dignidad”, “El Esfuerzo” y “Nueva Esperanza”, junto con el Centro Cultural Víctor Jara, han levantado la demanda por una vivienda digna, pero también se han organizado en torno a temáticas igualmente relevantes, como el abastecimiento, salud, infancia, seguridad, educación y trabajo. Gracias a estos esfuerzos comunitarios, han construido tres comedores populares permanentes, que buscan proveer de alimentación a vecinas y vecinos en tiempos de crisis.Ejemplos como los del Borde Costero en San Pedro de la Paz recuerdan una de las causas que llevaron a las y los chilenos a las calles en octubre de 2019. Pero también nos demuestran la fuerza y solidaridad de las comunidades auto-organizadas que buscan levantarse colectivamente, contra viento y marea, y pese al abandono institucional, las plagas y la pandemia.Fuente:
El Desconcierto.
Sandra Cortés
Paulina Véjar
